Comentarios sobre un corte de cuentas

El Centro de Investigaciones para el Desarrollo (CID) de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional presentó en días pasados un interesante estudio hecho para la Contraloría General de la República sobre el balance económico y social de la primera administración Uribe. Queremos comentar algunas de sus principales conclusiones, no sin antes celebrar el hecho de que se hagan esta clase de análisis por parte de instituciones e investigadores de altas calidades académicas como es éste caso. Porque Colombia necesita muchos más debates -profundos, serios- que contribuyan a mejores soluciones para los graves problemas económicos, sociales y políticos que nos aquejan.

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junio 29 de 2006 - 05:00 a.m.
2006-06-29

El Gobierno desaprovechó las bonanzas (del petróleo, café, carbón y ferroníquel) que se presentaron entre el 2002 y el 2006 para hacer crecer la economía a un ritmo superior. En líneas generales estamos de acuerdo con esta afirmación. Porque lo cierto es que el país tuvo la fortuna de contar con precios muy altos de esos productos básicos; y además soplaron con fuerza los vientos favorables de la economía internacional (bajas tasas de interés, y elevada demanda de las naciones más poderosas). De hecho, como lo menciona el documento, Argentina, Chile, Perú y Venezuela crecieron el año pasado a tasas más elevadas que Colombia. Pero lo que también es verdad es que la economía colombiana venía de una crisis muy dura, y que hasta hace pocos años la situación de orden público generaba gran desconfianza. Lo cual hace que la gestión oficial, sin haber aprovechado al máximo las condiciones favorables (en eso tiene razón el CID), sí haya sido satisfactoria. La recuperación económica ha beneficiado principalmente a la clase media y alta, no ha permeado lo suficiente a los estratos bajos. En varias ocasiones hemos sostenido esta tesis que ahora se refuerza con los estudios de los profesores de la Nacional. Es cierto que hay una gran discusión sobre la metodología para medir la pobreza y la indigencia en Colombia (debate que tiene que resolverse de una vez por todas con la ayuda de un organismo internacional técnico e independiente), pero la realidad que se vive a diario confirma que en el país hay todavía muchos millones de ciudadanos que no gozan de los frutos de la reactivación económica. La pobreza no se reducirá sustancialmente mientras al crecimiento económico no se le acompañe de medidas efectivas de redistribución del ingreso. También en ocasiones pasadas hemos insistido en este punto crucial. El gobierno de Uribe se ha quedado muy corto en materia de equidad y de movilidad social. Su principal reto, en su segundo período, es definir y ejecutar una política social que garantice que los ciudadanos menos favorecidos mejoren sus ingresos y el acceso a los servicios esenciales de salud, educación, nutrición, agua y alcantarillado, vivienda digna. Falta mucho por hacer en materia de empleo. Acierta el CID al manifestar su inconformismo con las cifras de desempleo. Porque a pesar de su reciente descenso, las sucesivas reformas laborales, que han resultado muy costosas para el bolsillo de los empleados, no han producido los resultados esperados en cuestión de creación de puestos de trabajo (hoy en día se tiene el mismo nivel de desempleo de 1990, antes de dichas reformas). Y, agregamos nosotros, el actual subempleo del 35 por ciento es un hecho que demuestra que en materia de calidad y cantidad de empleo hay todavía bastante terreno por recorrer. No son sostenibles en el tiempo las condiciones actuales del crecimiento del PIB. Es cierto que el entorno internacional no será tan positivo para Colombia en los años venideros; y también es verdad que hasta que la administración Uribe no acabe -o al menos reduzca significativamente- el alarmante déficit fiscal del Gobierno central, no se despejará del todo el panorama económico. Pero por otro lado pensamos que la bonanza de confianza que ha producido la gestión del Presidente, sumada al TLC, impulsarán la inversión nacional y extranjera a un ritmo que permitirá que la economía siga creciendo a tasas altas. La obsesión del Banco de la República de bajar a toda costa la inflación ha perjudicado a los grupos de menores ingresos. En este punto estamos en desacuerdo con el CID. Porque si bien es cierto que en algunos momentos el Emisor ha sido excesivamente celoso en el cumplimiento de su mandato constitucional de combatir el alza de los precios (y ello ha podido perjudicar la inversión y la generación de empleo en el corto plazo), la verdad es que el descenso de la inflación (de más de 30 por ciento hace tres lustros, a menos de 5 por ciento hoy en día) ha sido un gran logro económico y social. Porque la evidencia empírica de muchos países confirma que la inflación es regresiva (perjudica más a los pobres que a los ricos), y en el largo plazo es un pesado lastre del crecimiento económico que genera trabajo y recursos para hacer inversión social.

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