Las primeras concentraciones se registraron en los departamentos del Chocó, Valle del Cauca, Antioquia, Caldas, Quindío, Risaralda, Huila y Boyacá, con los principales epicentros en las localidades de Caucasia y Buenaventura.
Los trabajadores antioqueños, cordobeses y del sur del departamento de Bolívar marcharán hacia Caucasia, reconocida zona de explotación de oro y plata, mientras que al menos 30 embarcaciones llegaron hasta la ciudad de Buenaventura para integrarse a las protestas.
El ministro de Defensa colombiano, Juan Carlos Pinzón, advirtió que los ciudadanos están en su derecho de manifestarse "pero lo que no pueden hacer es atentar contra los derechos de los demás ciudadanos, acudir a las vías de hecho y violar la ley".
Por eso, insistió en que la fuerza pública ‘no permitirá’que haya bloqueos de vías como los que han llevado a cabo desde hace 37 días los campesinos en la zona del Catatumbo.
El presidente de la Confederación de Mineros de Colombia, Ramiro Restrepo, dijo por su parte que no tienen "previstos bloqueos sistemáticos" y que en todo caso será "la acumulación de personas" la que lleve a los estancamientos en las vías.
Además, criticó la postura del Gobierno hacia estas protestas y consideró que "de la noche a la mañana" son tratados como "ilegales, criminales y los peores bandidos del país".
El presidente colombiano, Juan Manuel Santos, dijo que tras las manifestaciones de los mineros y de los cafeteros, que están previstas para el próximo 19 de agosto, hay otros intereses.
A su juicio, detrás del paro minero están "nuevamente los ilegales usando de escudo los legales, a los mineros artesanales, a los pequeños mineros". Restrepo explicó que la confederación le presentó al Gobierno un documento con quince peticiones que nunca cumplieron y que motivaron la huelga.
Estas demandas incluían la derogación de un decreto que permite "destruir maquinaria de mineros artesanales", una correcta definición de las prácticas artesanales respecto de las ilegales y la creación de "áreas especiales para zonas mineras para comunidades" históricamente relacionadas con esta labor.
El Gobierno de Santos ha puesto en marcha medidas para combatir la minería ilegal al identificarla como una fuente de ingresos para guerrillas y otros grupos ilegales; al tiempo que ha colocado el sector de la extracción como una de las bases del modelo de desarrollo del país.
EFE