No obstante la validez de este aserto, la necesidad de otorgar una alta prioridad a los objetivos de estabilización macroeconómica muchas veces se traduce en una relativa postergación de los otros objetivos de la política fiscal, en especial el de contribuir a mejorar la equidad. Para no ir tan lejos, esto ha ocurrido en Colombia con la implantación del impuesto a los movimientos financieros -tributo anti-técnico y regresivo, pero eficiente desde el punto de vista del recaudo- y con algunas ventajas tributarias otorgadas a los capitales, buscando ampliar la base de captación de los recursos. Sobre este último particular la reflexión es simple: si la economía crece, las posibilidades de recoger por la vía tributaria mayores ingresos se torna factible. En últimas, parece que existiera un conflicto entre los objetivos: por querer captar más dineros se descuida el de mejorar la equidad, pero a su vez los menores ingresos atentan contra la solidez y la transparencia del balance fiscal, factor clave para conseguir la estabilidad. El enredo es complicado, pues como dice la locución popular: no es fácil tocar y andar en la procesión. Tratando de dilucidar la cuestión y dándole un orden lógico a los temas planteados, es pertinente advertir que para reducir la brecha de la equidad que amenaza la estabilidad política y económica, las finanzas públicas deben ser sólidas y transparentes, de manera que el Estado pueda concentrar sus energías en forma eficaz y eficiente en las tareas que le son realmente prioritarias. Este debe ser el punto focal de la acción, pues sin el cumplimiento de ese requisito no es posible aspirar a tener una economía sana y propicia para el desarrollo. A nadie se le puede pasar por la cabeza la descabellada idea de propiciar el aumento incontrolado del gasto social, si no se cuenta con los recursos suficientes para financiarlo. Más temprano que tarde el déficit causado por el desorden en el gasto se vuelve en contra de quienes en una primera etapa del proceso se pretendió favorecer. Las pruebas se cuentan por cientos y a ellas hay que remitirse para no equivocar el camino. Argentina, Brasil, Perú, Bolivia, Rusia y los países de la antigua Cortina de Hierro, dan cuenta y razón de los desastres que han tenido que soportar varias generaciones de sus habitantes guiados por fanáticos de la expansión del gasto, inclusive con tintes de gasto social. En este contexto, aparte de la necesidad imperiosa de resguardar la equidad, mejorando la focalización del gasto y estabilizando su financiamiento, es imperativo reconocer de nuevo, también por razones de equidad, la importancia de la tributación directa, especialmente de las personas. No sólo por razones de suficiencia de la recaudación, sino -insisto- también de equidad, es conveniente otorgar una mayor importancia a este tipo de tributación, cuya incidencia distributiva es la más favorable. La modalidad de financiamiento del gasto social no tiene efectos distributivos neutrales. Cuando se financia con impuestos directos tiende a ser más progresivo que cuando lo hace con IVA y, lo que es igualmente importante, cuando los recursos son insuficientes -como es nuestro caso- y el mayor gasto se traduce en una aceleración de la inflación, pueden anularse sus impactos distributivos favorables. Aunque estos efectos de la estructura de financiamiento en la distribución del ingreso son menos importantes de lo que se suponía en el pasado, no son irrelevantes y han sido, por lo demás, muy poco analizados en el ámbito académico en las últimas décadas. En este sentido, resulta preocupante la acentuada pérdida de importancia relativa de los impuestos directos, en especial sobre la renta personal. Este es otro de los aspectos que debe ser tomado en cuenta dentro del complejo mundo de las finanzas públicas. Ex ministro de Agricultura
