Ayer los representantes de las casas de empeño, como también se les conoce, se rebelaron contra el Decreto 4450 emitido al amparo de la emergencia social, que establece una pena de hasta 10 años y medio de prisión para quienes incurran en el delito de usura mediante mecanismos como los pactos de retroventa y los cobros gota a gota. De forma simultánea en Barranquilla y Bogotá, sus gremios expresaron su inconformismo con la medida. Fenacoven dijo en Barranquilla que sus representados no recibirán más mercancías al público. En Bogotá, la Asociación Nacional de Propietarios de Compraventas (Anprocom) que representa cerca de 1.100 negocios, argumentó que el problema radica en que estos locales ya no podrán cobrar entre el 5 y el 10 por ciento mensual del dinero que entregan a cambio de un bien, sino solo lo permitido por la ley para los préstamos y las ventas a plazos (hasta 1,5 veces el interés bancario corriente), que hoy está en un máximo de 2,6 por ciento mensual. La medida, que será demandada por el gremio con el argumento de la inconstitucionalidad, parte del principio de que los excesivos intereses que cobran estos establecimientos a quienes quieren recuperar los bienes que han entregado a cambio de efectivo hacen que sus clientes recurran a agentes ilegales, como DMG. Entre los argumentos que se invocarán figuran que el concepto de contrato de compraventa existe desde hace 150 años en el Código Civil, y que quienes se dedican a esta actividad no pueden convertirse de la noche a la mañana en delincuentes. No puedes estar reformando el Código Penal con decretos. Eso crea inseguridad jurídica, reclamó el abogado Rafael Pacheco, encargado del proceso, quien subrayó que las compraventas no tienen nada que ver con las pirámides. No somos captadores de dinero, sino el banco de los pobres, dijo.WILABR
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