Reformas estructurales a largo plazo, titularidad de la tierra, usos del suelo, una política agrícola definida, reformas al sistema de innovación y una mayor integración con los mercados internacionales son las recomendaciones generales que presentó ayer la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (Ocde) al gobierno colombiano.
En el informe de revisión de las políticas agrícolas, se subraya la importancia del incremento en inversiones en capital humano e infraestructura.
“Si bien la agricultura ha tenido gran importancia en la economía y ha contribuido notablemente al PIB, a la generación de empleo y a las exportaciones, el sector enfrenta retos sustanciales,” afirmó Ken Ash, director de la Dirección de Comercio y Agricultura de la Ocde, durante la presentación del estudio.
Frente a temas como los subsidios, la Ocde recomienda su eliminación total, ya que distorsionan la producción y el comercio, pues los considera costosos, ineficientes y poco eficaces a la hora de promover el crecimiento y la competitividad.
En cuanto al sistema de crédito agropecuario, el organismo de cooperación internacional recomendó evaluaciones en la cooperación entre Finagro y los bancos comerciales, mientras que rechaza de plano las refinanciaciones (con rebajas sustanciales de tasas de interés); “debería prestarse especial atención a evaluar los efectos de estos modelos de financiación”, dice el documento.
Otro de los temas en los que el organismo repara es el de las tierras. Para esto considera necesario implantar una política inclusiva de acceso a la tierra, para estabilizar el país y promover el desarrollo.
Pide, por ejemplo, actualizar el sistema catastral, pese a que desde hace más de dos años está haciéndose el catastro rural del país, del cual ya se tiene información disponible. “La existente es incompleta y se encuentra desactualizada”, dijo las Ocde.
Identifica que en el país hay una estrategia de ‘lotes de engorde’, y propuso un sistema de tributación que, al cambiarse, deberá fomentar el uso productivo de la tierra, reduciendo la acumulación especulativa.
Con respecto a la propia administración pública, recomendó una relación más estrecha entre los ministerios de Agricultura y Medio Ambiente, buscando reducir las duplicidades en las políticas agroambientales.
Otros asuntos tratados en el informe de la Ocde tienen que ver con el incremento a las inversiones en investigación agrícola, lo mismo que el fortalecimiento del sistema de derechos sobre la propiedad intelectual de los recursos vegetales.
También, reclamó por el mejor uso de las tecnologías de información y comunicación (TIC) que proporcionen servicios más inclusivos e integrales.
“Deben reforzarse los esfuerzos acometidos por las administraciones públicas en relación con las nuevas tecnologías, como la biotecnología, la nanotecnología y las TIC.
Por último, pidió dotar de un mayor atractivo a la educación en las ciencias agropecuarias y evaluar la eficacia del Sistema Andino de Franjas de Precios (SAFP) aplicado a los principales productos agrícolas.
Lo anterior –concluyó el organismo– “podría proporcionar una base para evaluar si la adopción de políticas alternativas puede lograr los objetivos socioeconómicos establecidos para los subsectores sujetos a las franjas de precios”.
