Según explicó un informe de la Contraloría Delegada para la Participación Ciudadana, el municipio del Alto Baudó "no tiene vocación minera, por lo que no debía recibir liquidación de regalías por explotación de minerales, lo que para la Contraloría se convierte en una operación ilícita en la que participarían 12 empresas fundidoras que no tienen domicilio en el departamento, ni en el municipio, y tampoco una actividad ligada a la comercialización o explotación de oro".
El ente de control señaló, además, que en la Agencia Nacional Minera no existe ningún título minero en ese municipio, lo que hace evidente que existe una irregularidad en la liquidación de esas regalías.
Carlos Mario Zuluaga, contralor delegado para la participación ciudadana, indicó que hay pocos instrumentos de control para verificar la información entregada por estas empresas y agregó que la Contraloría iniciará una investigación para determinar a los responsables de este presunto lavado de activos.
En este proceso se intentarán recuperar también 1.100 millones de pesos que la Dian habría entregado a una de estas empresas, por concepto de reliquidación de impuesto de renta.