Se trata de la acción popular y de embargo de bienes, teniendo en cuenta que el grupo pasó activos a terceros y dejó sin posibilidad de actuar al ente fiscalizador, porque dichos bienes dejaron de ser patrimonio público.
Este diario consultó a un abogado, quien pidió reservar su nombre, que tradujo las implicaciones de la medida adoptada por la Contraloría.
"Las medidas de la Contraloría van en dos frentes. En primer lugar, abrió procesos de responsabilidad fiscal y decretó medidas cautelares, como el embargo y la acción popular, dentro del proceso mismo de responsabilidad fiscal".
Según el abogado, "Cuando se transforma una sociedad investigada, deja de estar bajo la jurisdicción de la Contraloría, porque ya no es patrimonio público, por esto le interpusieron acción popular a dicha empresa".
