De la misma forma, le pidió al Gobierno revisar los fundamentos y condiciones tenidos en cuenta para la valoración. En una carta enviada al ministro de Minas y Energía, Hernán Martínez, el contralor, Julio César Turbay Quintero, sostuvo que un estudio preliminar realizado por su despacho encontró que los valores calculados para cada electrificadora, se encuentran ubicados en el límite inferior del rango, lo cual quiere decir, que se estaría ofertando al precio mínimo de cada empresa. Si el comprador fuera el sector solidario, se estaría cumpliendo efectivamente con el principio constitucional de la democratización de la propiedad. Sin embargo, los límites impuestos en los decretos que aprueban los programas de enajenación, reducen significativamente el ejercicio pleno de ese derecho, dijo el Contralor. Explicó que dado que en la primera etapa no se logrará la enajenación de la totalidad de las acciones, se prevé una segunda etapa en que ese precio mínimo, podría llevar a que la Nación no obtenga el máximo beneficio posible, considerando el potencial de los negocios, su posición estratégica en el mercado y la rentabilidad derivada con el desarrollo de economías de escala por fusiones. Con la venta de las cinco electrificadoras el Gobierno espera recibir recursos de al menos un billón de pesos que serán invertidos en las regiones.
