De nada sirve un proceso de reestructuración que profesionaliza su planta de personal, si este no va acompañado de un plan de capacitación y modernización tecnológica que le permita a su recurso humano contar con las herramientas necesarias para ejercer a cabalidad su objetivo misional y sus funciones de inspección y vigilancia. Dentro de este proceso de reestructuración, que hemos denominado Recuperando la Confianza Institucional, uno de los principales objetivos ha sido el de combatir la ilegalidad en la prestación del servicio. Para tal propósito, la meta es hacer más visible a esta Superintendencia con el fin de poder indicarle a los ciudadanos cómo contratar los servicios de vigilancia y seguridad privada, cuáles son las sanciones en que pueden incurrir por contratar ilegales, e incluso para que conozcan cómo interponer sus denuncias ante nuestra entidad. La Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada fue creada a través de la Ley 62 de 1993, y en la misma norma se estableció la contribución a cargo de las entidades vigiladas. Sin embargo, un año después la Corte Constitucional declaró inexequible la contribución por razones de forma, por cuanto la tarifa no quedó bien definida. En muchas ocasiones anteriores se ha intentado llevar este tema a una ley, pero ello no ha sido posible. Por ese motivo hoy, trece años después, y ante la aprobación del Plan Nacional de Desarrollo 2006- 2010 por parte del Congreso de la República, se incluyó un artículo dándole vida nuevamente a esta contribución, subsanando lógicamente los anteriores errores de forma, pues ahora se define de manera clara la base tributaria, los sujetos de la tasa, y además se le otorga personería jurídica a la entidad para poder administrar estos recursos. Los gremios del sector, principalmente Fenalco y Andevip, han reconocido en innumerables ocasiones la necesidad de esta contribución. En últimas, ello redundará en beneficio de los mismos empresarios que tendrán una SuperVigilancia fortalecida, haciendo mayor presencia en las empresas y regiones del país, combatiendo la ilegalidad y coadyuvando en la fijación de políticas públicas claras que dinamicen y optimicen el sector de la vigilancia y la seguridad privada. Con la contribución estamos avanzando en el fortalecimiento del control y la vigilancia, con lo cual se benefician no sólo los entes vigilados, que son más de 450 empresas de vigilancia, 7 transportadoras de valores y 23 empresas de blindaje, entre otras, sino que especialmente estamos protegiendo el empleo dentro del sector, que alcanza dimensiones cercanas a los 170 mil colombianos. *Columna de la Fundación Buen Gobierno. Superintendente de Vigilancia y Seguridad Privada "La contribución redundará en beneficio de los mismos empresarios que tendrán una SuperVigilancia fortalecida.
