Corte defiende cesantías de trabajadores transitorios

Las cesantías es una prestación que es proporcional al tiempo que se trabaje y no se puede restringir para algunos trabajadores. El tema generará seguramente controversia.

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noviembre 30 de 2006 - 05:00 a.m.
2006-11-30

Al analizar en este caso la excepción del auxilio de cesantía, la Corte dijo que la norma desborda el poder de decisión del legislador -Congreso de la República- porque restringió algunos de los principios básicos del derecho al trabajo. Esto es, dijo, "la igualdad de oportunidades para los trabajadores" y el derecho del empleado a que su remuneración sea "proporcional a la cantidad y calidad del trabajo". Así, la Corte afirmó que la cesantía es un patrimonio que se va forjando día a día por el asalariado, una especie de ahorro forzoso, que permanece en poder del patrono mientras subsista el acuerdo de trabajo. Por eso, exceptuar a un empleado de su desembolso -o de las otras prestaciones-, así sea transitorio, va en contra del principio constitucional de universalidad, según el cual toda persona tiene que estar cobijada por el sistema de seguridad social. La ley establece que el auxilio de cesantía se traduce en el pago de un mes de salario por cada año de servicios, y proporcionalmente por fracción de año. En el caso de los trabajadores ocasionales, responderá a la proporción del tiempo de labor realizada. "El auxilio de cesantía -afirmó la Corte- tiene como finalidad cubrir o prever las necesidades que se originan para el trabajador con posteridad al retiro de una empresa, por lo que resulta un ahorro obligado orientado a cubrir el riesgo de desempleo. Se trata de un objetivo acorde con los principios de una Constitución humanista fundada en el respeto por la dignidad humana, en este caso, del trabajador". La Corte admitió que la exclusión de pago de auxilio de cesantía tiene como objetivo la promoción de la libertad de empresa, pero no se puede olvidar que ésta -la empresa- cumple una función social. Y así, afirmó la Corte: "Por lo que el trabajador no puede ser considerado como un mero factor de producción, y cualquier política pública sobre las condiciones laborales, debe tomar en cuenta que de la persona del trabajador dependen otras y que cada acto que lo involucra, en bien o en mal, repercute necesariamente en su familia". Para la corporación: "La protección del fin legítimo de la promoción de la libertad de empresa no puede producirse a costa del sacrificio de otros principios constitucionales más amplios como la especial protección que el Estado debe brindar al trabajo". Y, en particular, detalló el alto tribunal: El amparo de los principios de igualdad de oportunidad para los trabajadores, remuneración proporcional a la calidad y cantidad de trabajo, prohibición para el legislador de menoscabar los derechos de los empleados, así como el principio universal que rige las prestaciones sociales como elemento integrador del concepto de seguridad social. Por ello, sostuvo la Corte Constitucional, el legislador al consagrar la excepción del pago de cesantías para trabajadores ocasionales violó los principios constitucionales que promueven valores de igualdad, de equidad, de justicia y dignidad en las condiciones laborales, así como el principio de universalidad en la cobertura de todas las contingencias inherentes al trabajo. Explicaciones legales sobre trabajo ocasional En la providencia C-823 de 2006, la Corte se pronunció así sobre el reconocimiento de las prestaciones sociales para los trabajadores ocasionales: -Accidentes de trabajo y enfermedades profesionales: Una enfermedad profesional es todo estado patológico permanente o temporal que sobrevenga como consecuencia obligada y directa de la clase de trabajo que desempeña el trabajador, o del medio en que se ha visto obligado a trabajar, y que haya sido determinada como tal por el Gobierno Nacional (…) -Artículo 11 del Decreto 1295 de 1994-. Según la Corte: "Se trata de contingencias asumidas por el Sistema de Riesgos Profesionales, para lo cual la ley exige al empleador reportar a la ARP y a la EPS a las cuales tienen afiliados a sus trabajadores, todo accidente de trabajo o enfermedad profesional que ocurra dentro de los dos días hábiles siguientes de ocurrido el accidente o diagnosticada la enfermedad (Artículo 62 inc. 2º del Decreto 1295/94). "Se observa así -dijo la Corte- que, en cumplimiento de la voluntad del legislador ordinario de otorgar facultades extraordinarias al Ejecutivo, el Decreto Ley 1295 de 1994 reguló la integridad de la materia concerniente al Sistema General de Riesgos Profesionales, y en particular lo relativo a los accidentes de trabajo y las enfermedades profesionales, por lo que el Artículo 223, literal b), del C.S.T. acusado, se encuentra derogado por tal normatividad, que no estableció diferenciación alguna entre contratos ocasionales y otras formas de vinculación laboral". -Auxilio monetario por enfermedad no profesional: La Corte dijo que la norma que exceptuaba el pago de auxilio monetario por enfermedad no profesional para trabajadores ocasionales -Artículo 229, literal b) del C.S.T.- se halla derogada tácitamente por la Ley 100 de 1993. Y, explicó, la Ley 100 de 1993 dispuso que deberán estar afiliadas al régimen contributivo "las personas vinculadas a través de contrato de trabajo" (Artículo 157.1) sin establecer tampoco distinción alguna derivada de la naturaleza de la actividad desarrollada o de la modalidad de vinculación. En desarrollo de este precepto, señaló, el Decreto 806 de 1998, por el cual se reglamenta la afiliación al régimen de seguridad social y la prestación de los beneficios del servicio público esencial de seguridad social en salud, dispuso en su Artículo 28: "Artículo 28: Beneficios de los afiliados al régimen contributivo: El régimen contributivo garantiza a sus afiliados cotizantes los siguientes beneficios: (…) b) El subsidio en dinero en caso de incapacidad temporal derivada por enfermedad o accidente ocasionados por causa de origen no profesional". Para la Corte: "Es claro entonces, que en el marco del Sistema de Seguridad Social en Salud, el término de duración de la actividad contratada no es relevante para establecer el deber de afiliación, predicándose de toda vinculación laboral. En consecuencia, se entiende derogada la exclusión de los trabajadores transitorios o accidentales del pago del auxilio monetario por enfermedad no profesional". -Auxilio funerario: La Corte consideró que la exclusión de los trabajadores ocasionales del auxilio funerario -del Artículo 247 del C.S.T., parcial- también se halla derogada por la Ley 100 de 1993. Al respecto, dijo la Corte, según el Artículo 51 de la Ley 100 de 1993: "Artículo 51. Auxilio funerario: La persona que compruebe haber sufragado los gastos de entierro de un afiliado o pensionado, tendrá derecho a percibir un auxilio funerario equivalente al último salario base de cotización, o al valor correspondiente a la última mesada pensional recibida, según sea el caso, sin que éste auxilio pueda ser inferior a cinco (5) salarios mínimos legales mensuales vigentes, ni superior a diez (10) veces dicho salario (…)". Para la Corte: "A partir de las anteriores consideraciones encuentra la Corte que si bien el Artículo 247 del C.S.T. no fue expresamente derogado por la Ley 100 de 1993 ni por el Decreto Ley 1295 de 1994, no cabe duda que la materia por aquél regulada fue objeto de una regulación posterior que no establece distinción ni exclusión alguna respecto de los trabajadores que deben ser afiliados al Sistema de Seguridad Social Integral, fundadas en la naturaleza de la actividad desarrollada o del término de la misma. La norma se halla, en consecuencia, tácitamente derogada por regulación integral de la materia". -El seguro de vida y pensiones: Según la Corte, en lo que concierne al segmento normativo "excepto los ocasionales o transitorios" del Artículo 289 del C.S.T., relativo al seguro de vida colectivo obligatorio, se encuentra que igualmente está derogado en virtud de la entrada en vigencia de la Ley 100 de 1993. En efecto, dijo la Corte, se trata de una prestación especial que también fue asumida por el Sistema de Seguridad Social Integral establecido por la Ley 100 de 1993, en virtud de la cual se garantizó "a toda la población" las contingencias originadas en la muerte (Artículo 10). "En este sentido -afirmó el alto tribunal-, es claro para la Corte que en la actualidad el seguro de vida colectivo fue sustituido por la pensión de sobrevivientes o la correspondiente indemnización sustitutiva contemplada en el Sistema General de Pensiones previsto en la Ley 100 de 1993, las cuales deben ser asumidas por el fondo de pensiones al cual se halle afiliado el causante, tal y como lo entendió en alguna oportunidad la Corte Suprema de Justicia" -Sentencia Sala Laboral, 16 de mayo de 2002-. Así, según la Corte: "Si bien es cierto, la Ley 100 de 1993 no derogó expresamente el Artículo 289 del C.S.T., no cabe duda alguna que el nuevo Sistema de Seguridad Social Integral reguló por completo la materia, configurándose así el fenómeno de derogatoria tácita". Para la Corte, el no pago de cesantías a los trabajadores ocasionales viola los principios de igualdad, de equidad, de justicia y dignidad.

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