La Corte Constitucional declaró inexequible la figura del control de advertencia que le permitía a la Contraloría General de la República (CGR) alertar sobre posibles riesgos de pérdida de recursos públicos en la ejecución de contratos.
Aunque la decisión es del 11 de marzo, solo fue conocida ayer y se refiere al numeral 7 del artículo 5 del decreto 267 del año 2000, que facultaba a la Contraloría para que advirtiera “sobre operaciones o procesos en ejecución para prever graves riesgos que comprometan el patrimonio público y ejercer el control posterior sobre los hechos así identificados”.
La norma fue demandada por la abogada Marcela Monroy, exesposa del magistrado de la Corte Constitucional Mauricio González, quien aseguró que vulneraba la función de control fiscal, que debe ser aplicado de manera posterior y no anterior, y la prohibición de la CGR de desempeñar funciones administrativas, entendiéndose que su advertencia podría interferir en la toma de decisiones administrativas de las entidades que estén sometidas a su control.
Por su parte, el contralor, Edgardo Maya, dijo no conocer la sentencia. Pero anotó: “La Contraloría necesita el control de advertencia para intervenir en casos excepcionales, como lo hizo en su momento el contralor Antonio Hernández Gamarra para evitar un enorme detrimento para la Nación con la venta de Telecom, o como hace unas semanas en el caso del Túnel de la Línea. Además, no tiene carácter obligatorio en ninguna circunstancia”.
Según la Contraloría, la anterior administración emitió 1.099 controles de advertencia que le produjeron beneficios o ahorros a entidades públicas por más de $ 15 billones.