Los costos de un estilo de gobierno

La acusación, nunca negada, contra Rafael Pardo, basada en las versiones de un informante oculto, coincidió con el anunció de la liberación de varios ciudadanos que fueron encarcelados por más de 14 meses, con base en los señalamientos, también de un informante oculto.

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enero 30 de 2006 - 05:00 a.m.
2006-01-30

Los dos hechos son consistentes con un estilo de gobierno que incrimina a las personas sin presentar pruebas, o con base en testimonios que los acusados no pueden controvertir, por mantenerse en la penumbra las ‘supuestas pruebas’. El costo de este tipo de prácticas es enorme y no lo pagan ni el informante oculto ni los miembros del Gobierno. Todo el costo lo asumen las víctimas y los ciudadanos que con nuestros impuestos pagaremos, en unos años las millonarias demandas que muy seguramente perderá el Estado. En el estudio Libertad: rehén de la seguridad democrática, se señala que: “entre el 7 de agosto de 2002 y el 6 de agosto de 2004 por lo menos 6.332 personas fueron detenidas arbitrariamente en Colombia”. La mayor parte durante 77 capturas masivas realizadas por la fuerza pública. En los seis años precedentes, se documentaron detenciones arbitrarias de 2.869 personas. Es decir, en dos años se realizaron más del doble de detenciones arbitrarias, que en el conjunto de los seis años anteriores. Las detenciones se llevan a cabo con la participación de personas encapuchadas que señalan a quienes deban ser capturados y dan pie para enormes abusos. Por ejemplo, en Quinchía (Risaralda), 116 personas fueron capturadas con el fin de cumplir con 60 órdenes de captura, ‘supuestamente’ por ser auxiliadores del bloque Oscar William Calvo, del EPL. A 65 de ellos se les profirió medida de aseguramiento y el 2 de agosto de 2005 sólo a 3 de ellos se les mantuvo la acusación en firme, luego de 20 meses de detención. Estas acciones pueden llegar a extremos delirantes: en enero de 2004, se presentó un asalto a un carro de valores del cual fueron robados 190 millones de pesos en monedas de 50, 200 y 500 pesos. Semanas después, en Circasia (Quindío), la fuerza pública, basada en los señalamientos de un informante oculto, detuvo a 7 personas, que viajaban en un bus. La única prueba presentada ante la fiscalía era que en su conjunto, estas 7 personas, llevaban consigo 102 monedas equivalentes a la suma de 48.000 pesos. Meses después, todos fueron dejados en libertad. Con razón, la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos ha señalado su preocupación por “la práctica de detenciones masivas, e individuales basados en, señalamientos anónimos o en testimonios de dudosa credibilidad”. Las víctimas de esta forma de proceder, ven afectado su buen nombre, sus posibilidades de desarrollo profesional y quedan inmersas en un enorme drama familiar y personal. Todo, porque el Gobierno actúa sin prudencia dándole credibilidad a informantes ocultos que nunca dan la cara. Los costos fiscales son difíciles de calcular, pero es seguro que el Estado perderá las demandas presentadas por personas injustamente detenidas. En varios años estaremos pagando la cuenta de los abusos de un estilo de gobierno que acostumbra a sindicar sin pruebas.

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