La inciativa, según Lozano, pretende poner en cintura a los constructores que incumplen las normas en detrimento de los compradores que son, finalmente, los que más se afectan con los incumplimientos en las entregas y la mala calidad de algunas obras.
El proyecto también busca frenar las acciones de los 'piratas' que siguen desarrollando proyectos sin ningún control y donde, obviamente, hay más irregularidades.
EL TIEMPO consultó a Beatriz Uribe, presidenta de la Cámara Colombiana de la Construcción (Camacol) quien dijo que es una propuesta interesante, siempre y cuando no se suplanten las funciones de las alcaldías y los consejos municipales. "Con ese criterio sería importante hacerles un llamado, de nuevo, para que asuman las funciones que les corresponden con más compromiso y eficiencia", dijo la dirigente.
Uribe enfatizó que cualquier medida para fortalecer el control y la regulación es válida e instó al Gobierno a que en aras del proyecto se revalúen los controles y exigencias, excesivas cuando se trata de los formales y permisivas en otros casos.
Este anuncio se suma a la presentación que hizo Lozano sobre las estrategias que ha liderado el Ministerio para darle un norte a la vivienda social. Recordó, por ejemplo, el impulso a los macroproyectos, el billón de pesos gestionado para vivienda social, los 2,2 billones pactados con el sector financiero para construir y financiar 116 mil soluciones de VIS y la transferencia de suelo para este tipo de viviendas, entre otras.acciones.