Además abriría el grifo para fomentar el desperdicio de agua, y sería un golpe de gracia para el esquema de subsidios y contribuciones, sostienen sus detractores.
La Comisión Primera de la Cámara se alista para abordar el tema que está levantando ampolla en el sector privado y en el Gobierno.
La iniciativa es de origen privado y cuenta con más de dos millones de firmas certificadas por la Registraduría.
Un estudio elaborado por el sector privado dice que tomando un consumo de 50 litros por persona al día para una población de 44 millones de habitantes a un costo de 1.350 pesos por metro cúbico, eso significaría un monto anual de 1,3 billones de pesos qué no se sabe de dónde saldrían.
Tan solo los planes departamentales del agua, uno de los proyectos bandera del gobierno nacional para Cesar, Magdalena y La Guajira tienen un costo en inversiones de 0,76 billones de pesos para los próximos 10 años.
Los promotores del referendo argumentan que esas cuentas deben tomarse con pinzas, pues si bien con el esquema actual no sería viable el mínimo gratuito del agua, sí lo es con un cambio de modelo en el que el Estado asuma la prestación del servicio.
"Un Derecho Humano Fundamental no se puede supeditar a su financiación por esas vías. Es como si el Estado no garantizara el Derecho a la Vida porque no le alcanza la plata de las finanzas públicas", indicó Rafael Colmenares, director de Ecofondo.
Según la Defensoría del Pueblo, en Colombia todavía hay 13 millones de personas que no tienen acceso a este recurso. Según Ecofondo, las elevadas tarifas han conducido a la suspensión o al corte definitivo del servicio de numerosas familias. En los últimos 5 años, los usuarios desconectados ascienden a un promedio de 236.000 tan solo en Bogotá y todos tienen derecho al agua.
A su juicio, el actual esquema de subsidios y contribuciones ha colapsado, justamente porque viene acumulando un déficit y lo que pagan las industrias no alcanza para cubrir a los estratos más pobres.
Pero el estudio anota que al generarse un cambio de la estructura empresarial, las empresas carecerían de recursos para financiar nuevas inversiones y cubrir el servicio de las ya ejecutadas. ¿De dónde provendrían esos recursos? Necesariamente, el Estado debería cubrir esas exigencias, calculadas en 14 billones en los próximos 10 años, a través de más impuestos.
JUAN GUILLERMO LONDOÑO
SUBEDITOR DE ECONOMÍA Y NEGOCIOS
