Al menos, así se desprende de lo dicho el viernes por el ministro de Hacienda, Óscar Iván Zuluaga, cuando el Dane divulgó las últimas cifras sobre el comportamiento del mercado laboral.
Es un hecho que la tasa de ocupación ha caído, reconoció el funcionario. Eso explica que de 18,1 millones de empleados en octubre del año pasado el Dane solo haya contabilizado 17,8 millones 12 meses después, es decir, 319.000 menos.
'Es efecto de la desaceleración'
Esa situación se siente, agregó Zuluaga, "y es un efecto de la desaceleración de la economía", respecto del cual el propio ministro y otros funcionarios del Ejecutivo han venido expresando sus temores.
Pese a que la tasa de desempleo se mantuvo en 10,1 por ciento (2 millones de desocupados), lo que podría llamar a engaños sobre el desempeño del mercado laboral, lo cierto es que la economía no solo no está generando los 350.000 empleos anuales que demandan los nuevos aspirantes sino que comenzó a destruir puestos de trabajo.
¿Qué hacer ante una situación que es una verdadera tragedia para los hogares colombianos, la mayoría de los cuales enfrenta los rigores de una alta inflación y cuyo 5,2 por ciento de jefes fueron reportados como desempleados en el periodo comprendido entre agosto y octubre (0,2 puntos más que en el mismo trimestre del año pasado)?
La respuesta obvia es reactivar las actividades productivas para contrarrestar al máximo los efectos de la desaceleración y generar puestos de trabajo.
Expertos como el ex ministro de Hacienda Rudolf Hommes ven que ello puede lograrse con una combinación adecuada del aumento de la inversión pública y una reducción de la tasa de interés del Banco de la República, hoy en 10 por ciento.
Para la directora del Departamento Nacional de Planeación (DNP), Carolina Rentería, el reto del país es evitar que la tasa de desempleo tome un camino ascendente.
Por eso, recientemente hizo un llamado al sector privado para que las industrias que se han visto afectadas por la disminución del ritmo de la actividad económica no reduzcan las nóminas de sus trabajadores.
Como se evidencia en las cifras del mes pasado, esa petición no ha sido suficientemente atendida, pues la racionalidad empresarial no da para mantener el enganche de trabajadores cuya producción no puede ser vendida dentro o fuera del país.
El Gobierno, dijo Rentería, se la jugará con las millonarias inversiones en infraestructura programadas para el año entrante, de manera que esta se convierta en una de las fuentes de empleo más importantes. La funcionaria agregó que el reto más grande es lograr que todos los recursos del Presupuesto destinados a ese rubro se ejecuten de manera acelerada.
Plata hay, falta ejecutarla
Las cifras no son nada despreciables: 10 billones de pesos están presupuestados para obras de infraestructura en frentes como vías, telecomunicaciones, puertos, aeropuertos, transporte urbano, agua potable y saneamiento básico (8,5 billones son del Presupuesto General de la Nación del año próximo y 1,5 billones hacen parte de un rezago del 2008).
El reto, reitera la directora del DNP, es ejecutar, porque la plata está. "Todas las entidades del Estado, del orden nacional y territorial, tenemos que 'desmaniatarnos' para concretar las inversiones", enfatizó.
Y a ese gasto público en inversión hay que agregarle los millonarios recursos que saldrían del sector privado.
Los trabajadores y algunos analistas defienden una posición que puede considerarse complementaria de la anterior y que reactivaría, principalmente, la demanda interna.
Justo en el momento en que se inician las negociaciones para definir el reajuste anual del salario mínimo, hoy en 461.500 pesos, Julio Roberto Gómez y William Millán, de la cúpula de la Confederación General del Trabajo (CGT), y Tarsicio Mora, presidente de la Central Unitaria de Trabajadores (CUT), abogan por un incremento significativo de la remuneración básica legal (de alrededor del 14 por ciento).
Con ello, dicen, no solo se le da un aire al consumo interno y se estimula la producción de bienes y servicios, sino que se mejora la calidad de vida de las familias, la mitad de las cuales están clasificadas como pobres.
¿Desmontar parafiscales?
Esta propuesta no es de buen recibo en el sector empresarial ni entre un alto número de analistas, para quienes un incremento salarial de esa magnitud generaría mayor desempleo e informalidad.
Incluso, algunos (Fedesarrollo y Anif, entre otros) proponen reducir los costos de la nómina mediante el desmonte de las denominadas cargas parafiscales para fomentar el enganche laboral, a lo cual se oponen los empresarios y el Gobierno.
El reto de crear puestos de trabajo es de tal envergadura y urgencia en este momento que el ex ministro de Hacienda Alberto Carrasquilla se atrevió a plantear la reducción del salario mínimo, idea que de inmediato fue descalificada por los trabajadores y de la cual Carolina Rentería, la directora de Planeación Nacional, aseguró que es inviable.
En lo único sobre lo cual parece haber consenso es que, como dice Julio Roberto Gómez, de la CGT, generar empleo en medio de tantas dificultades tanto internas como externas debe convertirse cuanto antes en un propósito nacional.
JORGE CORREA C.
REDACCIÓN DE ECONOMÍA Y NEGOCIOS
