Tanto la crisis financiera internacional como los problemas internos de Colombia vinculados con la captación fraudulenta de recursos del ahorro, conocidos como las 'pirámides', resaltan la importancia de establecer regulaciones más adecuadas y una supervisión estricta y oportuna para hacerle frente a innovaciones financieras que puedan desestabilizar los mercados, causando inmensos costos a los ahorradores, principalmente a los menos cautos e informados.
El fortalecimiento de la supervisión para hacer frente a la crisis internacional y el establecimiento de nuevas normas con estándares mínimos, constituyó la principal recomendación de la Reunión de Presidentes del denominado G-20, que representa las principales economías del mundo y que se llevó a cabo en Washington el pasado sábado 15 de noviembre. El G-20 le encomendó a los ministros de Hacienda de sus respectivos países preparar para el mes de marzo del 2009 las reformas respectivas.
Estas decisiones en torno a un nuevo marco de regulación financiera se suman al apoyo que se ha venido otorgando de manera coordinada por las principales economías del mundo desde el pasado mes de octubre y que han comprendido apoyos fiscales y financieros a las entidades más afectadas por la crisis, así como otras disposiciones dirigidas a incrementar la liquidez y evitar que ésta adquiera mayores proporciones y desemboque en una prolongada recesión mundial, como la sucedida durante La Gran Depresión de los años treinta.
El caso de las 'pirámides' en Colombia dista mucho de representar una crisis financiera, pero ha tenido repercusiones sociales adversas a lo largo y ancho del país, en razón del desengaño y pérdidas de los ahorros de los ciudadanos que se dejaron tentar por el ofrecimiento de rendimientos financieros insostenibles, que han llevado a las autoridades a tomar medidas inmediatas para hacerle frente a la situación. En el fin de semana, el Gobierno Nacional expidió un Decreto declarando la Emergencia Social, así como un conjunto de reglamentaciones derivadas de ésta, en aspectos financieros, de supervisión, policivas, penales por captación de ahorro sin la debida autorización, y preventivas para los gobiernos locales.
Entre las consideraciones del Decreto de Emergencia Social dictado por el Gobierno, se destaca la obligación del Estado de proteger el ahorro. Como desarrollo del Decreto de Emergencia se estimula el acceso al mercado financiero para las personas de menores ingresos, por medio de la Banca de Oportunidades y se extienden facultades extraordinarias al Gobierno para fortalecer la Superintendencia Financiera y permitirle adoptar las medidas que resulten necesarias para hacerle frente al problema. Estas decisiones son convenientes, eran necesarias y están bien encaminadas. Lo desafortunado de todo lo sucedido es que en el proceso de la crisis se haya provocado la renuncia del Superintendente Financiero, uno de los funcionarios públicos del área económica más destacados de la actual Administración.
Tanto la crisis financiera internacional como el suceso colombiano con las 'pirámides' indican la importancia de disponer de una Superintendencia Financiera fuerte y estable. Ojalá que el Gobierno y los Honorables Congresistas se pongan de acuerdo en otorgar mayor independencia financiera y autonomía a la Superintendencia Financiera de manera permanente, para no recurrir a medidas de emergencia cuando ya se han provocado las crisis. Se debe aprovechar la próxima Reforma Financiera para fortalecer la Superintendencia. Esta ha sido una de las solicitudes hechas de tiempo atrás por Fasecolda, la Federación de Aseguradores Colombianos, al Gobierno y al Congreso.
rjunguito@fasecolda.com
Finanzas
18 nov 2008 - 5:00 a. m.
Crisis internacional y 'pirámides'
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