Cuenta regresiva de la Corte para frenar desangre en salud

En una semana vence plazo a Minsalud para presentar medidas contra desviación de recursos.

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noviembre 30 de 2012 - 01:38 p.m.
2012-11-30

El Gobierno, los organismos de control y la Fiscalía están literalmente corriendo para cumplir el ultimátum que hace casi dos semanas les dio la Corte Constitucional para empezar a recuperar la plata perdida por corrupción y tapar las venas rotas por las que se desvían los recursos para la salud de todos los colombianos. 

El pasado 16 de noviembre, en una sesión de seguimiento a la sentencia del 2008, que declaró el "estado inconstitucional de cosas en materia de salud", la Corte les dio 20 días "improrrogables" para presentar un plan que controle el desangre y le dé al sistema sostenibilidad financiera.

Los magistrados también emplazaron a la Procuraduría y la Fiscalía para que entreguen resultados sobre las investigaciones disciplinarias y penales contra los salpicados por el escándalo del saqueo a la salud, tanto en el régimen subsidiado como en el contributivo.

"No existe justificación alguna para que se sigan inyectando recursos al sistema, cuando claramente nos encontramos ante un saco roto, que sin la debida y necesaria actuación de los organismos de regulación, control y vigilancia tendrán un destino similar a los dineros ya malversados", advierte la Corte.

La Contraloría -que según los magistrados es el único organismo de control que puede mostrar resultados concretos en la tarea de investigar los malos manejos y recuperar el dinero malversado- calcula que en los últimos cinco años el detrimento, bien por corrupción o malas inversiones, llega a los 8 billones de pesos. 

Tan solo en la revisión de la plata entregada a las regiones para el régimen subsidiado en un año (1,5 billones) se encontraron posibles fraudes por 1,016 billones.

Pero la Corte va más allá y pide que se haga control previo y simultáneo, especialmente a los recobros de procedimientos y medicamentos supuestamente no cobijados por el Plan Obligatorio de Salud (POS). 

"Los entes de control deben ejercer la facultad de inspección y vigilancia en un momento anterior a la salida de esos recursos de las arcas del Estado, para hacer un seguimiento minucioso a su destinación y ejercer un acompañamiento permanente, conminado a custodiar el erario de las posibles malversaciones o dilapidaciones de las que pueda ser objeto", dice.

También destaca que el Gobierno está en mora de contar con una base de datos depurada y segura, para evitar que pacientes ya fallecidos o inexistentes sean la excusa para recobros por supuestos tratamientos millonarios.

"Se advierte que el tema de inflación de costos de medicamentos se ha convertido en uno de los mayores focos de corrupción del sistema (ver gráficos), que la actuación de los órganos de control es inoperante e ineficaz, y que la normativa que ha venido desarrollando el Gobierno es incipiente para controlar aquella situación de abuso", dicen los magistrados.

De 4.244 millones de recobros al Fosyga en el 2000, según datos del Ministerio de Salud, se pasó a 2,4 billones en 2010. Y a pesar de que el gobierno del presidente Juan Manuel Santos ha tomado varias medidas, como ponerles 'techo' al precio de medicamentos, los recobros del año pasado estuvieron en el orden de los 2,1 billones de pesos.

"No basta con la regulación exclusiva de procedimiento de recobros; las prácticas defraudatorias han permeado el sistema, desangrando significativamente los medicamentos POS y No POS", asegura.

El alto tribunal, el Gobierno y los órganos de control han reconocido que no todos esos reclamos son injustificados, pero las investigaciones en curso por esa sola materia alcanzan los 2 billones de pesos. Y es que se han encontrado casos como el del Trastuzumab (medicamento biológico para el cáncer), por el que en el 2009 se recobraron al Fosyga 219.679 unidades. Sin embargo, el laboratorio fabricante reportó que ese año solo vendió 6.286 unidades.

El Minsalud, que ya venía trabajando en el tema, tiene tres meses para hacer una profunda cirugía al sistema de recobros, no solo para tapar los boquetes de la corrupción, sino para agilizar los pagos legítimos, pues la Corte considera que la tramitomanía imperante golpea la calidad del sistema.

'PLAZOS SON DIFÍCILES DE CUMPLIR': ACEMI

Jaime Arias, presidente de Acemi, que agremia a la mayoría de EPS del contributivo, dice que no hay otra opción que acatar las decisiones judiciales, aunque considera que algunos plazos son de muy difícil cumplimiento. "Las dificultades hay que superarlas y los entes de control tienen la palabra", afirma.

'A CUMPLIR LAS ÓRDENES'

La contralora Sandra Morelli afirmó que "si los particulares que manejaban recursos de la salud los usaron para incrementar su patrimonio, deben devolverlos, como lo indican el Consejo de Estado y las cortes". Dijo, además, que ya notificó a la Supersalud para que exija a los implicados reintegrar los dineros.

La funcionaria aseguró que las órdenes son para cumplirlas y que tiene bajo investigación a EPS y otros actores del sistema, que han incurrido en esta práctica. "Calculamos que 1,1 billones de pesos fueron desviados solo en Caprecom -dijo-. En Saludcoop, los usos indebidos sobrepasan los 2 billones de pesos. Hay montos importantes en otras EPS, como Coomeva, Sánitas y la Nueva EPS. También hay hospitales y otro tipo de fraudes, como el de la Clínica Candelaria con Interbolsa".

REGAÑO A FISCALÍA Y PROCURADURÍA

En su decisión, la Corte reconoce que las investigaciones de la Contraloría han sido claves para develar los alcances de la corrupción en el sistema de salud, pero advierte que sigue esperando resultados de la Procuraduría y la Fiscalía por los mismos hechos.

Incluso, regaña a esta última entidad porque "no dio respuesta a las preguntas (...) en relación con los resultados de las 157 investigaciones aducidas en la anterior audiencia, frente a la corrupción en el sistema de salud".

El caso de Saludcoop, la EPS más grande del país, es emblemático. Mientras la Contraloría llamó a su expresidente, Carlos Gustavo Palacino, a un juicio fiscal que supera el billón de pesos, la Procuraduría lo inhabilitó en dos procesos para contratar, por 20 años, con el Estado. Esto, por "cobros ilegales al Fosyga" e inversiones irregulares con recursos del sistema de salud. La Fiscalía, sin embargo, no despega en su caso y ni siquiera lo ha llamado a declarar formalmente. Contraloría y Fiscalía investigan a exfuncionarios públicos y directivos de otras grandes EPS por señalamientos similares.

REDACCIÓN JUSTICIA

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