Como resultado de la implementación de la Ley 906 de 2004 se ha evidenciado que el nuevo Sistema Penal Acusatorio está concentrando sus mayores esfuerzos en la solución de delitos menores. Por esta razón, el Gobierno y la Fiscalía presentaron un proyecto a la Cámara de Representantes para fortalecer los medios alternativos de solución de conflictos y que permita acudir a penas alternativas a la privativa de la libertad, como al trabajo social no remunerado.