La próxima construcción de dos enormes hidroeléctricas en Brasil tiene en ascuas a los ambientalistas. Se trata de Jirau, una planta que produciría 3.300 megavatios tras una inversión de 5.300 millones de dólares, y Santo Antonio, un proyecto de 3.150 megavatios que demandará recursos por 5.500 millones de dólares. Ambos utilizarán las aguas del río Madeira, a unos 40 kilómetros de la frontera con Bolivia y deberían estar generando su primer kilovatio en el 2012. El problema es que a pesar de que las firmas encargadas de adelantar las obras ya han sido escogidos, la entrega de los permisos ambientales ha sido demorada.
Tanto, que el presidente 'Lula' da Silva, decidió designar otro Ministro de Ambiente, ante la resistencia de su predecesora Marina Silva. Así, la ex funcionaria es vista por algunos como una abanderada de la causa verde, mientras que otros la acusan de detener el progreso por entorpecer dos iniciativas claves. El dilema no es nuevo. Y otra vez, las necesidades de una economía que crece a buen ritmo acabaron por encima de las inquietudes de quienes creen que la destrucción de la selva es evitable.
