La única solución cuando la plata no alcanza es recortar el gasto y buscar nuevas alternativas de ingresos. Los ciudadanos de mayor poder económico comienzan por mermar los gastos en bienes suntuarios. Salen poco a restaurantes, disminuyen sus viajes al exterior, rumbean menos, compran menos ropa de marca y, en general, pasan la crisis sin mayores dificultades.
Los menos pudientes en cambio deben recortar los gastos en lo básico. Cambian los hábitos alimenticios, rebuscan los productos con bajos precios de cosecha, descartan todo tipo de recreación, se endeudan con tarjeta de crédito (cuando la tienen) y cuando los ingresos ya no alcanzan, definen nuevas prioridades: sacan a sus hijos del colegio, no aportan a pensión o salud y dedican sus menguados ingresos a tratar de sostener la cuota de la hipoteca o el pago del arriendo, la alimentación y los servicios. Si no hay empleo su objetivo es pasar del régimen contributivo al subsidiado e inscribirse en Familias en Acción.
Por su parte, un gobierno democrático reduciría su gasto en todo menos en educación, salud o vivienda, eliminaría los auxilios las exenciones a los ricos, exigiría un esfuerzo importante a los actores sociales y económicos que más se han beneficiado en el pasado y procuraría repartir las cargas de la crisis con la búsqueda de generación de mayor empleo e incentivos a la demanda de las clases medias y las menos favorecidas. Combatiría hasta la saciedad cualquier brote de corrupción. Fortalecería la institucionalidad y el respeto por los derechos sociales, aún a costa del recorte de ciertos derechos económicos individuales y promovería el equilibrio con los otros poderes del Estado.
Un gobierno prorrico, antidemocrático, apretaría el bolsillo de las clases medias y los más pobres, afectaría los gastos de la salud y la educación, incrementaría al mínimo los salarios, mantendría las prebendas a los inversionistas y los ganadores en materia económica, poco haría para controlar la corrupción, aumentaría los gastos para poder ejercer una mayor represión, no adoptaría políticas claras para promover el ingreso y el empleo y, por supuesto, apelaría a los estados de excepción y emergencia para crear nuevos desequilibrios a favor del Ejecutivo y en contra de las demás ramas del poder público. Los derechos económicos individuales estarían siempre por encima de los derechos de la sociedad en su conjunto.
En nuestro país el año económico se inicia con el anuncio del recorte del gasto y reforma tributaria. En los dos casos se toca el bolsillo de la clase media para abajo. El aumento a los servidores públicos se lo comerá la inflación de los meses de enero y febrero, el acceso a la salud se verá afectado vía los decretos de emergencia, el sacrificio se exigirá al sector de la educación, producto del recorte de las inversiones, y se continuará promoviendo la informalidad y la flexibilización laboral , así como la disminución de los derechos laborales.
Eso sí, la 'seguridad al inversionista' será absoluta e indiscutida, los gastos en 'seguridad' no se afectarán y se continuará con el discurso populista de 'cohesión social' con Familias en Acción y Consejos Comunitarios no televisados, en año electoral, para tapar la corrupción en el año de la reelección.
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