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Derechos de autor

El pasado 28 de enero se cumplieron 25 años de la sanción de la Ley 23 de 1982, norma que con sus 260 artículos colocó a Colombia como parte actuante de la Organización Mundial a Propiedad Intelectual OMPI (1979). Su trascendencia permite calificarla como histórica. Gracias a la permanente asesoría y apoyo de la Unesco, hoy estamos a la vanguardia tanto en el orden legislativo como en lo concerniente a la administración y conducción a las políticas estatales en materia de derechos de autor: especialmente, después de haber adherido al Convenio de Berna que es el instrumento más importante para su protección internacional.

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enero 29 de 2007 - 05:00 a. m.
2007-01-29

Por generosa delegación del presidente Turbay Ayala -quien se encontraba en el Brasil en visita oficial- me correspondió sancionarla en una ceremonia en el Palacio de Nariño, a la cual asistieron como invitados especiales Indalecio Liévano, Germán Zea, Rafael Escalona, Jorge Villamil, Santander Díaz, y un selecto grupo de artistas, escritores e intelectuales. También, quienes habían impulsado la ley como ponentes: en el Senado, Luis Carlos Galán y, en la Cámara, Ricardo Baquero. En la actualidad esta Ley reclama toda su vigencia en muchos de los aspectos que reguló. Sin duda fue el piso seguro con el que el Gobierno de Colombia se afirmó en la negociación del tema del derecho de autor en el marco del TLC con Estados Unidos. No obstante, la amplitud de sus disposiciones y su firmeza conceptual, es hora de hacerle algunos cambios para adaptarla a aquellas nuevas realidades del siglo XXI. Es de resaltar que por la importancia cultural y su posición estratégica, Colombia fue elegida por la OMPI, a instancia de la Dirección Nacional de Derecho de Autor, bajo el mando certero de Fernando Zapata López, como país piloto para implementar un ambicioso programa de cooperación destinado a la obtención de resultados en los siguientes puntos: a) Propender por la actualización y modernización de las legislaciones en derecho de autor y derechos de conexos en los países de la región; b) Instruir y facilitar su acceso a los más importantes tratados de protección en el campo del derecho de autor y los derechos conexos; y c) Procurar el establecimiento o modernización de las oficinas estatales correspondientes. El continuo proceso de globalización de la economía y el proceso de fortalecimiento de las llamadas industrias culturales en nuestro país, dio lugar a un afortunado proceso de ampliación del radio de acción creando, mediante el Decreto 2041/91, la Dirección Nacional de Derecho de Autor, adscrita al Ministerio del Interior. En el presente año, se intentan dos reformas a temas del derecho de autor regulados por la Ley 23 de 1982, o, bien por la ley que la fortaleció en 1993, la Ley 44 de dicho año. Una de estas iniciativas legislativas busca fortalecer los derechos ya reconocidos en relación con la protección de los derechos de los artistas, intérpretes y ejecutantes por medio de los derechos conexos. Y el proyecto de Ley 184 de 2006, que afirma los derechos de los actores en relación con sus interpretaciones o ejecuciones para garantizarles una remuneración equitativa por la comunicación pública de tales interpretaciones, así como por el alquiler que se realice de los soportes audiovisuales en los que participan. Este derecho garantiza su naturaleza irrenunciable e intransferible, y se tramitaría por medio de las sociedades de gestión que existan para tal efecto. Este proyecto genera, además, una herramienta clave para los artistas del medio audiovisual en la protección de sus derechos. Por último, el proyecto presentado por la parlamentaria Lucero Cortés merece, también, toda atención. Addenda: No obstante su ‘sospechosa’ condición de best - seller, el último libro de Héctor Abad Faciolince sí es una gran novela. Ex ministro delegatario y ex embajador en E.U. "En el presente año, se intentan dos reformas a temas del derecho de autor regulados por la Ley 23 de 1982”.

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