Llovió en Colombia y hay 702 municipios afectados en 28 departamentos y el distrito capital, 284 muertos, 267 heridos y más de 2 millones de damnificados. Hay cierre total en 50 vías y pasos restringidos en 265 vías nacionales, secundarias y terciarias. Más de 1 millón de hectáreas agrícolas están inundadas, incluidas 50 mil al reventarse distritos de riego de Atlántico, Valle y Norte de Santander, con pérdidas para los agricultores cercanas al billón de pesos. El Gobierno estima en diez billones de pesos el costo total de estas lluvias, y la cuenta sigue subiendo. Altos funcionarios han afirmado que la naturaleza nos está pasando la cuenta de cobro por la deforestación sin control y el mal manejo ambiental. Eso es cierto, pero ese diagnóstico es parcial y condescendiente. Dicha cuenta es por la imprevisión, la falta de capacidad técnica y la incompetencia y corrupción de las instituciones que debieran proteger a Colombia de los desastres naturales. Además es por la incapacidad de las autoridades que definen, regulan y controlan los usos del suelo urbano y rural y que permiten asentamientos humanos en zonas de alto riesgo, así como por gobernantes que impulsan obras de infraestructura con visión cortoplacista, sin diseños adecuados y en complicidad con contratistas abusadores, sin atender las exigencias de seguridad que imponen los suelos y el clima colombianos. Por otro lado y nace también de la incapacidad de las autoridades encargadas del manejo de las cuencas, y de la falta de gestión de las responsables del mantenimiento de las estructuras de protección de ríos, canales y distritos de riego esenciales para evitar desastres. El índice 2008-2009 de Transparencia Internacional muestra a 16 Corporaciones Autónomas Regionales entre las 50 entidades estatales con mayor riesgo de corrupción. Esas organizaciones, otrora manejadas por técnicos honrados y capaces, son hoy focos de corrupción y desaliño, fruto de la Ley 99/93 que regula su operación y que condujo a su politización a través de la participación ciudadana tan importante en la perversa colcha de retazos que desde 1991 funge como nuestra Constitución. Hoy corresponde al país movilizar toda su solidaridad y proveer los recursos requeridos en la asistencia humanitaria de emergencia, en la rehabilitación y en la reconstrucción, pero también debe pensar en el futuro. El Sistema Nacional para la Prevención y Atención a Desastres carece de fuerza, pues se maneja a un nivel subalterno dentro del Ministerio del Interior, el cual nada tiene que ver con la infraestructura o el medio ambiente. Ahora las inversiones para el tema, programadas en el Plan Nacional de Desarrollo 2011-2014 comparten una olla con otros temas, como estrategias en biodiversidad o cambio climático, por apenas el 0,14% de las inversiones totales. ¡Bien valdría pagar un mejor seguro para evitar siniestros de 10 billones! En el Plan de Desarrollo del próximo cuatrienio, el tema debe tener la trascendencia que merece. Para que la prevención y gestión de desastres sirvan de verdad de soporte transversal a la prosperidad democrática, deben tener los recursos y el peso que realmente requieren, y con criterios para la reducción de riesgos. Pero más que eso, es indispensable cambiar la funesta Ley 99/93 que tanto daño le está haciendo a Colombia. El recurso hídrico nacional debe ser manejado técnicamente y no por quienes han demostrado en forma tan dramática ser el verdadero desastre natural de este país. Es por la incapacidad de las autoridades que definen, regulan y con- trolan los usos del sue- lo urbano y rural, y que permiten asenta- mientos humanos en zonas de alto riesgo.EMILIO SARDI Vicepresidente de Tecnoquímicas esardi@tecnoquimicas.com.coANDRUI
