Se desbordan pleitos contra el Estado

Las pensiones de gracia de Cajanal, cheques no cancelados, incumplimiento en la prestación de servicios, retraso en la entrega de información, errores en la elaboración de contratos por diferentes obras, las masacres, asesinatos o ataques a poblaciones cometidos por grupos ilegales pero en los que se demostró omisión del Estado y pérdidas de negocios por ataques de la guerrilla, son entre muchas otras, las razones por las cuales los colombianos demandan al Estado.

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septiembre 30 de 2009 - 05:00 a.m.
2009-09-30

Según las cuentas que entregó el director de Defensa Judicial del Estado, Fernando Arévalo, durante el foro ‘Demandas contra el Estado: cómo tapar la vena rota’ organizado por la Contraloría General, por Foros Semana y la Esap, las demandas que hay identificadas llegan a las 214.000 las cuales pretenden recursos por cerca de 712 billones de pesos. Sin embargo, si se descuenta un proceso que data de 1967 cuya pretensión ascendía a 595 billones de pesos por una expropiación de tierras en Antioquia y que falló este año el Tribunal Contencioso de Antioquia a favor de la nación, las pretensiones bajan a 120 billones, un poco menos que la cifra del Presupuesto General de la nación del año entrante. Según el contralor General, Julio César Turbay, esta demanda aún no se puede sacar de las cuentas de la Nación porque todavía se espera la segunda y hasta la tercera instancia. Pero el panorama es aún más grave, si se toma en cuenta que la Defensa Judicial del Estado prevé que si no se maneja bien el tema de las captadoras de dinero ilegales, podría llegar una ola de demandas. Esto de parte de los ciudadanos que se sintieron afectados por el cierre de las mismas. “Lo importante es alertar hacia el futuro la ola de demandas que podrían llegar por las captadoras ilegales. Prevemos que si ese tema no se maneja bien, y lo estamos articulando con la Presidencia de la República, se presentarían unas 200.000 solamente en ese tema”, reconoció Arévalo. Por su parte, el Contralor General advirtió que además de las cifras, lo preocupante es que el Estado pierde el 70 por ciento de las demandas, es decir unos 70 billones de pesos, mientras que en Chile ese porcentaje no llega sino al 2 por ciento. Surge la pregunta sobre ¿cuáles son los sectores que mayores demandas enfrentan? El Contralor General durante su intervención en el foro señaló que las entidades que más representatividad tienen en estos procesos son las del sector de defensa, justicia y seguridad, cuyas intenciones por demandas alcanzan los 33 billones de pesos que se traducen en un 38 por ciento de los registros del orden nacional. A estas, le siguen las demandas en el sector de infraestructura, telecomunicaciones y comercio exterior por un valor de 21 billones de pesos y que representan el 24 por ciento de todas las demandas y luego el de minas y energía por 15 billones de pesos que se traducen en el 17 por ciento de los pleitos. EN REGIONES, 15 BILLONES Por otro lado, los entes territoriales no se quedan atrás. Del total de las pretensiones por las demandas, un total de 15 billones corresponden a las gobernaciones, alcaldías y sus entidades descentralizadas. Así, estas últimas enfrentan demandas por 5,4 billones de pesos, los municipios por 5,3 billones y los departamentos 4,3 billones de pesos. “Si bien estas cifras son elevadas, no significan un inminente pago, en tanto que no se produzcan los fallos judiciales en contra. Sin embargo, al revisar las ejecuciones presupuestales de las entidades del orden nacional en su nivel central, durante los últimos años se han efectuado pagos importantes en relación con sentencias y conciliaciones, los cuales no solo se han hecho con cargo al Presupuesto General de la Nación, sino que también se han efectuado reconocimientos de con Títulos de Tesorería (TES) y compensaciones tributarias”, advirtió el Contralor. '' Lo importante es alertar hacia el futuro la ola de demandas que podrían llegar por parte de las captadoras ilegales”. FERNANDO ARÉVALO, DEFENSOR DEL ESTADO Las opciones que se plantean para evitar nuevos procesos La creación de la Gran defensoría judicial del Estado que integre en un solo cuerpo todo el tema de demandas que hay contra el Estado y capacitar a los funcionarios públicos en el tema de contratación fueron algunas de las opciones que surgieron ayer en el foro como solución al problema de las crecientes demandas. El procurador, Alejandro Ordóñez, habló de un proyecto de ley que presentará en los próximos días, a través del cual se busca articular e integrar en un solo cuerpo la defensa general de todo el Estado. Sin embargo, no hay que olvidar que ya existe, desde el desde el 2003, la Dirección de la Defensa Jurídica del Estado, adscrita al Ministerio del Interior y Justicia, cuyo trabajo esencial es prevenir y tratar de conciliar antes de que se conviertan en demandas, así como acompañar a las entidades estatales. Hoy, según lo manifestó Fernando Arévalo, se implementan modelos pilotos en algunas entidades para que estandaricen sus oficinas jurídicas y que homologuen normas, procesos y leyes. Lo cierto, es que si bien esa entidad trabaja en concilia- ciones, el Procurador expli- có ayer que desde diciem- bre a la entidad a su cargo han llegado 24.211 casos para llegar a acuerdos de conciliación. Se han trami- tado 6.260, de los cuales 1.242 lograron llegar a acuerdos y 5.318 no. Hasta con TES se han pagado fallos en contraTal como lo advirtió el contralor, Julio César Turbay, si bien las pretensiones ascienden a varios billones de pesos, eso sólo se pagará en la medida que las demandas se fallen en contra del Estado. Por eso llamó la atención por los recursos que año tras año se han destinado del Presupuesto General de la Nación al rubro ‘sentencias y conciliaciones’. Según las cifras que mostraron ayer tanto el ente de control como la Contaduría General, en 5 años se han pagado sentencias y conciliaciones por 1,9 billones de pesos. Mientras en el 2003 se ejecutaron 221.000 millones de pesos, en el 2008 fueron 407.000 millones. Y al examinar el presupuesto de este año al pago de sentencias y conciliaciones se destinaron 857.000 millones de pesos y para el 2010 se estiman 562.000 millones de pesos. “Se refleja un crecimiento permanente en los fallos judiciales en contra de las entidades estatales, con la consecuente obligación de destinar los recursos necesarios para cancelar las sumas decretadas por los jueces como compensación a los demandantes”, explicó Turbay Quintero. Pero llamó la atención sobre otra modalidad de pago que ha tomado carrera en las entidades. El reconocimiento de condenas falladas en contra del Estado a través de la emisión de bonos de deuda pública y de compensaciones tributarias. Según el Contralor, informes del propio Ministerio de Hacienda, entre el 2003 y el 2008 se reconoció mediante TES el pago de 811.298 millones (a precios de 2008), lo cual está permitido por la ley. “Se está aplazando un problema de caja del presente a 10 o más años”, dijo Julio César Turbay Quintero.WILABR

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