Según las cifras, entre los extranjeros, el 16,4 por ciento de los que cuenta con residencia legal están sin trabajo.
La tasa de desempleo se elevó al 10,4 por ciento de la población activa, es decir, que casi 2.400.000 personas están actualmente sin empleo en la nación ibérica.
A principios de año, este porcentaje estaba en el 9,6 por ciento.
La desaceleración económica que afecta a España sigue cebándose con el mercado laboral y también con ciertos sectores, como el de la construcción, que vive una profunda crisis después de haber sido durante la última década el principal motor de la economía española.
Este mismo jueves, el gobierno español rebajó en siete décimas,
hasta el 1,6 por ciento, las previsiones de crecimiento para 2008.
Tampoco el futuro del desempleo parece esperanzador, ya que el ejecutivo prevé que la tasa alcance el 12,5 por ciento en 2009.
El vicepresidente económico Pedro Solbes culpó de estos malos
datos a la coyuntura internacional desfavorable y, sobre todo, a la
''subida de los tipos de interés en la eurozona'' y a ''los precios
del crudo''.
''Las malas cifras económicas no son un tema específico de España. Afectan a Europa y a otros países'', dijo en una conferencia de prensa.
El colectivo inmigrante está sufriendo especialmente las consecuencias de la crisis. El desempleo entre la población extranjera residente en España ha crecido un 74,2% en sólo un año.
En junio de 2007, había 110.246 inmigrantes sin trabajo, en comparación con los 260.000 del mismo mes en 2008.
Ante este panorama y el temor a que la situación siga empeorando, el gobierno ya anunció la puesta en marcha en septiembre de un proyecto para tratar de frenar el desempleo entre la población inmigrante.
Conocido como el plan de retorno voluntario, pretende incentivar el regreso a extranjeros desempleados a sus países de origen, adelantándoles el pago del subsidio que les corresponda. Unas 100.000 personas podrían acogerse a esta polémica medida, que el gobierno considera ''justa''.
Pero junto a ello, el gobierno español también estudia un endurecimiento de su ley de extranjería. Aunque la vicepresidenta María Teresa Fernández de la Vega lo definió en su día como un simple ''reajuste'', lo cierto es que, entre otros cambios, España tiene intención de restringir la reagrupación familiar de los inmigrantes.
En España, residen 4,5 millones de extranjeros de forma legal, lo que supone un 11 por ciento de la población española.