En las horas de la mañana de este viernes se realizaron las primeras imputaciones para responsabilizar a aquellos directivos y trabajadores de Drummond que ocasionaron el vertimiento de 500 toneladas de carbón en la bahía de Santa Marta.
La Fiscalía le imputó cargos a Javier Jácome, superintendente de operaciones; Carlos Flórez, superintendente asistente, José Luis Velásquez, gerente de operaciones; Paulo Cárdenas, supervisor de operaciones; Carlos Urieles, operador de grúa y Raúl Olivella, operador de grúa.
El ente investigador indicó que los ejecutivos ignoraron los planes de emergencia que deben emplearse en estos casos y afectaron el ecosistema marino al arrojar más de 600 toneladas de carbón al mar.
"Quisieron salvar la barcaza antes de proteger los recursos ambientales como lo contempla la ley en sus órdenes y obligaciones. El daño fue muy grave (...)" señaló la delegada del órgano.
Se produjeron efectos en el color de las playas, el lecho marino, las especies del ecosistema y pusieron en peligro la salud de la población durante meses, por lo que se imputaron dos daños ambientales y una contaminación; aclara la Fiscalía.
El ente acusador agregó que el protocolo obedecía a trasladar al lugar del incidente una barcaza vacía para verter allí el carbón en vez de arrojarlo al mar, y no lo hicieron, por lo que incumplieron sus deberes en sus cargos.
Sin embargo, debido a la penalidad de los delitos, por ser inferior a ocho años, a ninguno de los responsables se les impondrá medida de aseguramiento. Y en caso de llegar a ser declarados culpables, recibirían multa de 15 salarios mínimos y de dos a seis años de casa por cárcel.
Las primeras investigaciones de la Fiscalía dieron lugar a que se les impusiera una multa de 6.965 millones de pesos por parte del Ministerio de Ambiente y la Dirección de Licencias Ambientales (ANLA).
Ahora, la multinacional será llamada a nivel penal para resarcir el daño ambiental ocasionado.
Luego de que se analizaran muestras obtenidas en la zona de Pozos Colorados, el fiscal general Eduardo Montealegre indicó: "Estos daños pueden producir efectos irreparables durante los próximos 30 o 40 años en la vida marina y el Mar Caribe colombiano".
REDACCIÓN JUSTICIA
