El reciente Censo oficial, primero en la historia nacional, mostró que existen 17.255 trapicheros, 9.266 agroindustrias paneleras, de las que tan sólo 56 realizan operaciones de exportación, y el 53,7 por ciento de éstas tienen capacidad de producción inferior a 50 kilos de panela, por hora, lo que los convierte en familias microempresarias de pancoger. Lo grave es que estamos descuidando una industria de la que dependen 70.000 familias y que generan más de 25 millones de jornales al año, porque no le hemos apuntado al problema real, que es el exceso de oferta, la falta de estímulos directos de los interesados y una pésima estrategia de promoción. De no realizarse una política de salvamento, donde a los campesinos se les condonen por lo menos los intereses, amplíen los plazos y se haga obligatoria la compra de la mayoría de su producción por parte de entidades públicas como el Ejército Nacional, el Bienestar Familiar, entre otros, este sector desaparecerá. No más programas asistencialistas, que lo único que buscan son votos amañados y vuelven mendigo a un pueblo productivo, costándole al Estado más de siete billones de pesos al año. Debemos orientar los recursos de inversión a sectores como este que sí generan empleo y crecimiento económico. El Gobierno no puede seguir persiguiendo al pequeño y mediano productor artesanal, si no le da las herramientas para su modernización, y menos seguir concentrando la riqueza, donde una minoría poderosa, dueña de los ingenios azucareros, se está quedando con más del 90 por ciento de subsidios asignados al ramo. Para nadie es un secreto que la crisis panelera se profundizó por las falsas expectativas que el Ejecutivo generó en los Consejos Comunales de las zonas cocaleras, tras sugerir a los campesinos sembrar caña, pues desarrollarían megaproyectos de plantas de alcohol etílico y trapiches tecnificados, donde el Estado se encargaría de colocar y absorber su producción para generarles nuevamente utilidades, pero extrañamente sucedió todo lo contrario. Es más, empeoró la situación al permitir las masivas importaciones de azúcar, que se están derritiendo de manera desleal. Por estas erráticas políticas, hoy estamos viviendo el desplome del precio de la panela, pasando de 1.500 a 720 pesos por unidad. No contentos con esto, se persigue al pequeño productor decomisando sus productos por la supuesta mala calidad, debido en parte al inadecuado requisito de poner en cajas de cartón un producto que se descompone rápidamente en este tipo de empaque. Adicionalmente, se les obliga a todos los productores pagar una estampilla en plena crisis, con lo que estamos llevando al sector a su informalización. Por último, tuvimos que presenciar un falso positivo etílico en la planta de Barbosa-Santander, donde funcionarios del Gobierno, de manera tramposa, no sólo engañaron a los colombianos, sino al Ministro de Agricultura, haciéndole creer que era un éxito la suntuaria inversión en la planta, mostrando resultados con alcohol traído del Valle, ya que les fue imposible elaborarlo. No más firmas de compromisos inocuos; que el Estado cumpla su función otorgando las condiciones para que sectores como el panelero puedan subsistir, porque una vez se pierden empleos es casi imposible recuperarlos. Lo más seguro es que los campesinos pierdan sus parcelas y volvamos a la época de inseguridad y de cultivos ilícitos por la improvisación y corrupción. sanchezca42@hotmail.com HELGON
