Los Ecaes, en el limbo por un fallo de la Corte

El Congreso quedó abocado a aprobar, antes del 16 de diciembre de 2008, una ley reglamentaria de los Exámenes de Estado de Calidad de la Educación Superior (Ecaes). De lo contrario, los estudiantes -que cursan último año de los programas académicos de pregrado impartidos por las instituciones de educación superior, ya no tendrán que presentar más estas pruebas.

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septiembre 28 de 2007 - 05:00 a.m.
2007-09-28

Esa es la consecuencia de un fallo de la Corte Constitucional que dejó sin efecto la norma que facultó al Gobierno en 2002 para reglamentar el registro de programas académicos, los estándares mínimos y los exámenes de calidad de los alumnos de pregrado, como herramientas de medición y evaluación de calidad e instrumentos de inspección y vigilancia de la educación superior. El fallo rige, decidió la corporación ante la complejidad del tema, a partir del 16 de diciembre de 2008, cuando vence el plazo para la expedición de la ley por parte del Legislativo. Es decir, en noviembre próximo y en 2008 se realizarán las jornadas de Ecaes previstas. En esencia, la Corte declaró la inconstitucionalidad del Artículo 8º de la Ley 749 de 2002. La iniciativa, expedida en el gobierno del presidente Andrés Pastrana, organizó el servicio público de la educación superior en las modalidades de formación técnica profesional y tecnológica. En esencia, la norma consagraba: El Gobierno Nacional reglamentará: el registro de programas académicos, los estándares mínimos y los exámenes de calidad de los estudiantes de educación superior, como herramientas de medición y evaluación de calidad e instrumentos de inspección y vigilancia de la educación superior. Es la segunda vez que la Corte se pronuncia sobre este tema. La primera lo hizo en la sentencia C-852 de 2005. La decisión del alto tribunal se produjo al acoger una demanda, respaldada incluso por la Procuraduría General de la Nación en el proceso. Según la demanda, la Ley 749 de 2002 no incluyó disposición alguna sobre los registros calificados de programas académicos, las condiciones mínimas y los exámenes de calidad de los estudiantes de educación superior, lo cual era necesario para que el legislador pudiera facultar al Gobierno Nacional para reglamentar tales materias.

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