Ecuador obliga a petroleras a pagar 60% de ganancia extra

El Congreso ecuatoriano aprobó una reforma a la ley de hidrocarburos que obliga a las petroleras a entregar el 60 por ciento de los ingresos extraordinarios al país y quedarse con sólo el 40 por ciento, cuando estaban beneficiándose con el 100 por ciento.(VER GRÁFICO - PRODUCCIÓN DE PETRÓLEO DE ECUADOR)

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marzo 31 de 2006 - 05:00 a.m.
2006-03-31

Según el diputado indígena Salvador Quishpe, la repartición se refiere al margen entre el precio fijado en los contratos y el real en el mercado y no tendrá efecto retroactivo. El Legislativo, con 100 curules, tenía plazo hasta el próximo domingo para pronunciarse sobre las reformas a la ley de hidrocarburos que planteó el Ejecutivo hace un mes, con el calificativo de urgencia económica, las cuales proponían una distribución del 50 por ciento para el Estado y 50 por ciento para las compañías. El ministro de Economía, Diego Borja, dijo que el proyecto permitiría a la Nación captar unos 500 millones de dólares anuales y que su despacho analizará lo aprobado por los congresistas para definir a cuánto se incrementará el beneficio para el Estado. Sin embargo, fuentes legislativas indicaron que Ecuador recibirá unos 700 millones de dólares anuales con su participación de 60 por ciento en el ingreso extra, aunque se modificará dependiendo del precio del crudo en el mercado. “Llegamos a un acuerdo de 60-40”, enfatizó Quishpe, del movimiento Pachakutik -brazo político de los indígenas-. “La propuesta de Pachakutik fue mantener un mayor porcentaje para el Estado”, agregó el legislador tras una sesión de cinco horas y en la cual se opuso rotundamente a las reformas el Partido Social Cristiano (PSC, derecha), el principal bloque parlamentario con 25 de los 100 escaños. El diputado Carlos Torres, del PSC, dijo que el Estado podría enfrentar demandas de las petroleras por no respetar los contratos. “Las demandas internacionales por violar la Constitución, violar los contratos, modificar los contratos le pueden costar mucho dinero al Estado”, expresó. Empero, el legislador Jorge Sánchez, de la comisión parlamentaria de lo Económico que analizó el proyecto gubernamental, manifestó que “nos hemos cuidado de que en la fundamentación jurídica de carácter constitucional no exista ninguna posibilidad de demandas contra el Estado ecuatoriano”. Las multinacionales que operan en Ecuador calificaron de ilegal la decisión del Parlamento de reformar la Ley de Hidrocarburos para equilibrar el reparto de las ganancias extraordinarias derivadas de los elevados precios del crudo en los mercados internacionales. El Ejecutivo tendrá 10 días para aprobar o vetar la decisión del Legislativo.

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