Editorial / AIS: bienvenido el debate

Los subsidios al agro no deben escandalizar a nadie, pero deben hacerse con transparencia, criterios técnicos y mecanismos serios de evaluación.

POR:
septiembre 30 de 2009 - 05:00 a.m.
2009-09-30

Desde sus inicios, cuando se planteó como receta para compensar al sector agropecuario de la competencia que le traería el TLC con Estados Unidos, el programa de Agro Ingreso Seguro (AIS) estuvo rodeado de una fuerte polémica. Su aprobación en el Congreso fue difícil, porque se enfrentaron visiones opuestas sobre el concepto y el alcance de los subsidios. Mientras una escuela considera que hay que apoyar grandes proyectos para asegurar su rentabilidad y para maximizar su capacidad de generación de empleo, otra enfatiza la conveniencia de entregarles recursos a los pequeños empresarios del campo como receta contra la desigualdad y la pobreza.

Nadie habría podido imaginar en ese entonces, sin embargo, que se produciría un escándalo como el que surgió en la última semana a raíz de una investigación de la revista Cambio sobre algunos beneficiarios del AIS. Los datos sugieren que hubo asignaciones a personas ajenas al campo -cuyo símbolo fue la ex señorita Colombia, Valerie Domínguez, quien en medio de la tormenta anunció que renunciará a los dineros asignados- y la concentración de partidas en familias poderosas, en particular en el Departamento del Magdalena. Todo indica que allí se entregaron recursos a varios parientes para poder superar los topes previstos en el programa para los proyectos. El debate se ha crecido y tanto el procurador, Alejandro Ordóñez, como el contralor, Julio César Turbay, abrieron investigaciones preliminares en sus respectivos despachos. Por su parte, el senador Jorge Enrique Robledo, del Polo Democrático, citó a un debate en el Congreso al Ministro de Agricultura, que seguramente será candente.

La controversia tiene innegables connotaciones políticas. El programa AIS y casi todas las asignaciones que generaron el escándalo surgieron durante la gestión como ministro de Agricultura de Andrés Felipe Arias, ahora precandidato del Partido Conservador. En plena campaña, Arias ha tenido que explicar la pertinencia técnica de haber entregado dineros a familias poderosas y aliadas políticas del presidente Uribe, y seguramente tendrá que hacerlo durante varias semanas más. El ambiente polarizado por la segunda reelección no será propicio para un examen tranquilo sobre la manera como se ha manejado el AIS.
No obstante, la discusión de fondo no debería quedar eclipsada por la puja política. Los subsidios al agro no son ningún pecado, y más bien son una práctica generalizada en los países desarrollados que protegen la agricultura y la ganadería por su profundo impacto social. El campo colombiano ha estado postrado durante años por la violencia y resulta difícil pensar que se puede avanzar en el restablecimiento de la paz y de la lucha contra la pobreza sin una reactivación estimulada desde el Estado. También es cierto que una vez entre en vigor el TLC -cada vez más postergado- la agricultura colombiana tendrá que competir con la de esa potencia, altamente subvencionada.

El Gobierno, a través del ministro de Agricultura Andrés Darío Fernández y del director de AIS, Juan Alfredo Gómez, ha defendido el manejo del programa. Dice que las asignaciones se han hecho de acuerdo a la ley y que se han tenido criterios técnicos en el análisis de los proyectos subsidiados, con participación protagónica del Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura (IICA). Según la voz oficial, se han favorecido 316.000 familias y que un alto porcentaje -85 por ciento en el 2008 y 87 por ciento en el 2009- ha tenido como destino a pequeños campesinos. Pero el debate no debería quedarse ahí. Es indispensable examinar el AIS a fondo, y sacar a la luz pública la información completa sobre los beneficiarios, el impacto de los proyectos financiados y la evaluación técnica que está en marcha por parte de organismos como el IICA, Fedesarrollo y Econometría. Corregir errores, rectificar desviaciones y garantizar la transparencia es la mejor contribución para asegurar la eficiencia del Estado en el objetivo crucial de proteger el campo colombiano. Y, por supuesto, castigar la imperdonable politiquería en la asignación de los auxilios.

Siga bajando para encontrar más contenido