Editorial / De mal en peor

Las señales confusas del Gobierno por cuenta del escándalo de AIS le acabaron haciendo más daño a la política agropecuaria que cualquiera de los cuestionamientos realizados en el pasado.

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octubre 30 de 2009 - 05:00 a.m.
2009-10-30

No se ve nada fácil la suerte del ministro de Agricultura, Andrés Fernández, citado de nuevo para hoy en el Congreso. La razón es que aparte de los cuestionamientos sobre lo sucedido con el programa Agro Ingreso Seguro y las críticas respecto a su labor al frente de la cartera mencionada, se han desatado vientos que amenazan con romper la unidad de la coalición oficialista que lo protege. Debido a ello, hay quienes creen que la posibilidad de que el voto de censura en contra del funcionario acabe triunfando, es real.

Pero más allá de que se impongan las fuerzas de la oposición, o de que la Casa de Nariño logre mantener la cohesión de sus tropas en el Capitolio, el episodio deja algunas lecciones. La más notoria, por obvio que suene, es que las acusaciones con respecto a abusos puntuales en la estrategia de darles dinero a los agricultores, resultaron ciertas. Lamentablemente, para llegar a esa conclusión fueron necesarias las denuncias de la revista Cambio, que en una primera etapa fueron desechadas por las autoridades y por el ex ministro y precandidato presidencial, Andrés Felipe Arias. En lugar de usar las revelaciones para poner en marcha investigaciones destinadas a aclarar lo sucedido, los defensores de la iniciativa prefirieron casarse con una tesis extrema: la de que los procedimientos no sólo estaban blindados, sino que la participación de una entidad interamericana en el proceso de escogencia de los beneficiarios garantizaba la probidad del mismo y salvaba de su responsabilidad a la administración Uribe.

Dicha postura no sólo acabó siendo derrotada por las evidencias, sino que puso al Gobierno a la defensiva. El primer síntoma de que era necesario dar un paso atrás, fue la declaración del Presidente de la República en el sentido de conminar a los funcionarios a su cargo a obtener la restitución de los fondos obtenidos en forma fraudulenta, algo que puede ser difícil en la práctica. Pero cuando quedó claro que algunos subsidios fueron obtenidos, a pesar de no haber recibido la debida calificación técnica, el balón volvió a la cancha del Ministerio.

Las respuestas, como a veces sucede, llegaron mal y tarde. El Gobierno radicó en el Congreso un proyecto de ley encaminado a castigar con pena de prisión a quien en el futuro obtenga ayudas estatales mediante trampas, una propuesta que tiene todos los méritos para ser estudiada, pero no por cuenta de un esfuerzo de última hora para tapar la avalancha política y el rechazo de la opinión pública. Por otra parte, la Casa de Nariño anunció el miércoles que "el Gobierno Nacional ha decidido que los apoyos de Agro Ingreso Seguro a grandes empresas o empresarios se eliminen hacia adelante, incluyendo en esta eliminación los recursos aprobados en la convocatoria de 2009", aunque poco después fue necesario aclarar que la limitación se refería tan solo a los programas de riego. Horas después también se explicó que menos de cinco proyectos saldrían afectados, con lo cual más de uno se preguntó cuál fue el propósito de que el Secretario de Prensa de Palacio leyera un comunicado con tan pocas consecuencias prácticas.

Esas señales confusas le acabaron haciendo más daño a la política agropecuaria que cualquiera de los cuestionamientos realizados en el pasado. Dicha circunstancia no es nada buena para un sector cuyo crecimiento ha sido mediocre en los últimos años, a pesar del apoyo recibido tanto en recursos directos, como por la mejora de las condiciones de seguridad en el campo. Además, contamina hacia adelante la discusión sobre si conviene o no subsidiar algunas actividades agrícolas, que es un debate válido en decenas de países que adoptan medidas similares.

También es lamentable que la coyuntura política se haya interpuesto en el desarrollo del tema. Bastante complejo es el escenario a raíz del escándalo, para que ahora la lucha por la candidatura presidencial en el Partido Conservador entre Noemí Sanín y Andrés Felipe Arias, influya en la postura de varios de los senadores y representantes de esa colectividad. Nada de eso, es la conclusión, habría ocurrido si público y congresistas tuvieran la certeza de que las cosas en el Ministerio de Agricultura se han manejado con criterio técnico y no respaldando aspiraciones personales que han contribuido a enredar lo que ya era un lío grave y complicado.

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