EDITORIAL / Una nueva etapa

Ante la casi segura aprobación de la conciliación del referendo esta semana en la Cámara, lo único claro es que nada estará en firme y la incertidumbre, que ya lleva un año, continuará.

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agosto 30 de 2009 - 05:00 a.m.
2009-08-30

Si todo resulta como está previsto -y en política, los imprevistos siempre pueden aparecer- la Cámara de Representantes votará esta semana la conciliación de la ley que convoca a los colombianos a un referendo, para que estos decidan si le dan a Álvaro Uribe la oportunidad de buscar un tercer mandato en las elecciones presidenciales del año entrante. 

No obstante, contrario a lo que algunos puedan creer, en caso de que las mayorías cercanas a la Casa de Nariño consigan hacer valer su peso parlamentario, esto no marcará el fin del debate, sino el principio de una nueva etapa en el ya largo vía crucis de esta iniciativa.

La razón es que la propuesta aún deberá sortear varios y complejos obstáculos antes de que Uribe pueda, en efecto, inscribir su candidatura para el período 2010-2014. Para empezar, la ley tendrá que pasar el examen de la Corte Constitucional. 

Previo concepto del Procurador, que no obliga, pero que es también un paso de esta procesión, el alto tribunal abocará el delicado asunto en medio de un ambiente de crispación que sin duda desatará una ola de recursos judiciales introducidos por los abogados de la oposición. 

El principal objetivo de dicha ofensiva será buscar que se declaren impedidos para estudiar el referendo, los magistrados que llegaron al alto tribunal tras haber sido nominados por el Presidente de la República.

Aunque es más bien improbable que esos recursos prosperen, lo que sí resulta posible es que en su resolución la Corte se tome varias semanas y eso demore aún más el fallo sobre el proyecto. 

Se trata de un asunto crítico, pues el referendo corre desde hace rato una carrera contra el reloj para que sea convocado, por tarde, para principios del año entrante, de modo que Uribe pueda, si consigue ganarlo y que la votación de este supere el 25 por ciento del censo electoral -más de 7 millones de votos-, participar en las elecciones del 2010.

Por el camino, la iniciativa enfrenta otros riesgos: el Consejo Nacional Electoral no ha dicho la última palabra en lo referente a si las firmas recolectadas por sus promotores para que el Congreso lo estudiara, fueron debidamente obtenidas, si la financiación de esa campaña de recolección fue correctamente recaudada y administrada y, en suma, si algunas de las dudas que hay al respecto, invalidan la iniciativa. La Fiscalía General de la Nación también indaga en este campo, pues hay denuncias de fraude y de falsedad que también podrían comprometer la suerte del proyecto.

A esto se suma el aumento de la temperatura de la polarización y del debate político, llevado a lo más alto del termómetro por las graves denuncias de la oposición y de algunos medios, sobre los recursos de que habría echado mano el Gobierno para garantizarse la aprobación de la ley del referendo, en su debate final en la Cámara. 

La negociación de puestos y contratos a cambio de esos votos es el eje central de varias acusaciones que pesan sobre el Ejecutivo y sobre congresistas que, después de muchas dudas, terminaron por apoyar al bloque impulsado por el Ministro del Interior. En este pantanoso terreno, hay ya denuncias penales en la Fiscalía y en la Corte Suprema que, de llegar a proceder, complicarían aún más la suerte de la propuesta.

Con todos estos interrogantes y obstáculos, si la Cámara le da el visto bueno a la conciliación de la ley del referendo, lo único claro es que nada estará en firme y la incertidumbre, que ya lleva un año, continuará. 

En consecuencia, el debate predominante seguirá siendo una iniciativa que -según las encuestas- tiene el respaldo de la mayoría de los colombianos, pero que ha desplazado otras urgencias, como la situación económica, la reacción ante los coletazos de la crisis internacional, los efectos del deterioro del comercio con Venezuela y Ecuador, y el desempleo que se mantiene en niveles muy inquietantes. 

Eso es particularmente inconveniente, en la medida en que distrae al Gobierno de la atención de problemas que son urgentes e importantes. Además, la posible presencia de Uribe en los comicios ya comienza a atrofiar la campaña electoral, tal como ocurrió en el caso del Partido Conservador que renunció a su consulta interna y en el de otros aspirantes que no han podido destapar sus cartas, ante la aceptación de que la incertidumbre seguirá presente por varios meses más. 

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