La reforma política está a punto de surtir el último de sus ocho debates en el Congreso, pero desde ya es posible decir que este nuevo intento entra a formar parte de la larga lista de oportunidades perdidas para darle al funcionamiento del tema en general y de los partidos en particular, el vuelco que requieren.
A pesar de algunos avances en la dirección adecuada, la propuesta no tiene la envergadura requerida y, como si fuera poco, está salpicada de artículos que pueden llevar a interpretaciones tramposas que marquen retrocesos.
Para empezar, no se trata de una reforma integral. No hay un conjunto coherente de normas que conduzcan a un propósito global, ni que desarrollen los aspectos requeridos para que esta en verdad ponga orden en la actividad política, la haga más transparente y la blinde de la nefasta influencia de las mafias y las organizaciones armadas ilegales. Es más bien una colcha de retazos que, en el mejor de los casos, aumenta un control aquí y otro allá, pero que también abre boquetes.
Es verdad que impone sanciones como la de la 'silla vacía' para que un partido pierda la curul de aquel congresista que sea condenado por vínculos con grupos mafiosos o terroristas, lo que obligará a las directivas de cada colectividad a examinar con lupa a todos y cada uno de sus candidatos. Si ese principio se aplicara hoy, bancadas como La U habrían visto reducir significativamente su representación en el Congreso. El problema es que las sanciones efectivas quedan para después, cuando las desarrolle una ley que quién sabe si estará lista para las elecciones del año entrante.
Uno de los aspectos positivos era el aumento del umbral. Más allá de las críticas de dirigentes como Enrique Peñalosa, Antanas Mockus y Lucho Garzón, lo cierto es que un límite bajo favorece a las microempresas políticas que tan fácilmente han sido penetradas por la mafia y los grupos ilegales. Un umbral más alto -del 3 por ciento, según el proyecto original-, tiende a reducir el número de partidos y a facilitar la vigilancia tanto de autoridades como de medios de comunicación y veedurías. Países como Alemania cuentan con umbrales del 5 por ciento y aún así, minorías como el Partido Verde, han jugado allá un papel importante.
El tema de la financiación estatal de las campañas, pedido por muchos sectores para reducir los riesgos de dependencia de grandes grupos económicos -cuando no de las mafias- por parte de los partidos, quedó a medio camino, con un artículo poco preciso. Eso sí, abre las puertas a un punto muy discutido, que permite a las organizaciones que hoy tienen personería jurídica, recibir fondos estatales previos a la campaña, y no a posteriori y en virtud de los votos logrados, como ocurría antes, aunque también se trata de un asunto que tendrá que ser aclarado por una ley estatutaria.
Un parágrafo transitorio permite que, durante los dos meses siguientes a la promulgación de la reforma, los actuales congresistas puedan cambiarse de partido sin perder su curul, una especie de amnistía pro tempore para los tránsfugas políticos, de la que el principal sector uribista, La U, pretende sacar partido, lo que también ha levantado ampolla. Casi la única buena noticia de la última votación, fue la eliminación del mico -oportunamente denunciado por el ex presidente César Gaviria- que abría las puertas a que en el futuro, guerrilleros y paramilitares que hubiesen participado en procesos de paz, pudiesen ser elegidos o nombrados en cargos públicos, así como contratar con el Estado.
Pero aparte de su condición de colcha de retazos, el mayor defecto de la reforma es que no ha sido el fruto de una amplia negociación política de las distintas fuerzas existentes. Cambiar las reglas de juego del sistema electoral y de partidos, había sido tradicionalmente una tarea que resultaba de la búsqueda de consensos entre los diferentes sectores. Esta vez, el retiro de la oposición liberal y del Polo Democrático de la votación en la Comisión Primera del Senado, mostró a las claras que el texto aprobado sólo representa a los uribistas. De modo que la reforma, además de incompleta en sus artículos, resulta inconclusa en su base de respaldo lo que confirma que, después de un enorme gasto de energías para sacarla adelante, es otra oportunidad perdida para limpiar y consolidar el sistema político colombiano.
