Empleabilidad malherida

La reforma laboral (Ley 789/02) buscaba mejorar la ‘empleabilidad’ de los colombianos de tres maneras: mejorando la calidad de su oferta laboral (capacitación a desempleados), estimulando su enganche (crédito para pymes, Fondo Emprender, subsidios al empleo) y, ante todo, abaratando el costo del factor trabajo. A esto último apuntaba la ampliación de la jornada laboral (en el intervalo 6 a.m.-10 p.m.), una menor indemnización para trabajadores de 10 años o más por despido injustificado (para desestimular despidos a los 9 años), recargos algo inferiores al trabajo dominical y festivo, y contratos de aprendizaje sin prestaciones laborales y con remuneración reducida en la fase lectiva (50 por ciento del SMLV) y práctica (75 por ciento), cuya sumatoria no excede 2 años.

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diciembre 21 de 2007 - 05:00 a.m.
2007-12-21

Las modificaciones al contrato abaratan su costo en 40-50 por ciento, pero lo tornan obligatorio para quienes emplean 15 personas o más. El impacto de la reforma en pleno reduce el costo del factor trabajo hasta en un 20 por ciento. Desmejorar el bienestar de los empleados a cambio de un mayor enganche esperado, es decir, más bienestar para quienes, sin la reforma, estarían desempleados, es éticamente reprobable para algunos. Otros entendimos la reducción en el ‘precio relativo’ del factor trabajo como un intento serio para revertir la evolución tecnológica de la economía colombiana hacia un uso cada vez más intensivo de capital, o sea el llamado ‘crecimiento sin empleo’. Era una estrategia defendible, aún cuando presentaba el riesgo de que las empresas incrementaran sus ganancias en vez de contratar más personal, se ‘precarizara’ el empleo y el mismo Gobierno desdibujara la reforma con políticas incongruentes. Lo primero no parece haber ocurrido globalmente: según cifras de la izquierda, el valor agregado generado por cada peso producido disminuyó en un 1,7 por ciento anual durante 2002-07 (Adolfo Conde Cote, 8/11/07). Lo segundo parece haberse dado en algún grado. Lo tercero es protuberante. La Ley 793/02 aumenta los aportes de los trabajadores a ISS y fondos privados de pensiones en 2 puntos (2004-06), pudiendo el Gobierno ‘encimarles’ un punto más en 2008, dependiendo del último crecimiento económico bienal. La reforma a la Ley 100 (diciembre/06) amplía de 8 a 8,5 por ciento el aporte del empleador al régimen contributivo de salud. Estos ajustes repercuten en el costo de la mano de obra y le restan ‘competitividad’ frente al capital. La preferencia por éste se consolida con los incentivos para inversión en ‘activos fijos productivos’ de las Leyes 863/03 (deducción transitoria del 30 por ciento en el impuesto sobre la renta) y 1111/06: deducción permanente del 40 por ciento. El ‘abaratamiento’ del capital revierte el cambio de precios relativos instrumentado por la Reforma Laboral, anula cualquier ‘empleabilidad’ y genera el peor de los mundos. Los incentivos al capital aumentan el ‘hueco fiscal’, dejan desfinanciada y tornan inatractiva la inversión nacional y regional en bienes públicos, y coexisten con salarios menguados y precariedad laboral en un cuadro institucionalizado de crecimiento sin empleo. Presidente y Gobierno han dejado ex sangüe su propia reforma laboral y socavado las de transferencias regionales y gasto público. Consultor internacional El impacto de la reforma en pleno reduce el costo del factor trabajo hasta en un 20 por ciento”.EMIMEN

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