Odebrecht, Reficar, carrusel de la contratación, Saludcoop, Interbolsa, Fifagate, Foncolpuertos, cartel de la hemofilia… La lista de escándalos de corrupción en Colombia a nivel público y privado es interminable.
Según datos de Transparencia Internacional, el país ocupa el puesto 96 entre 180 países evaluados en temas de corrupción. Con 37 puntos en el IPC1, Colombia ha mantenido ese promedio en los últimos tres años. La media global en el 2017 fue de 43.07 puntos.
El cumplimiento de estándares internacionales en la lucha contra la corrupción es materia pendiente del Estado colombiano, de acuerdo con el último informe presentado por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (Ocde), que evidencia la necesidad de implementar instrumentos para combatir esta problemática.
“A nivel global, en los sectores público y privado, se establecen herramientas e instrumentos preventivos para abordar la lucha contra la corrupción, como políticas de gobierno corporativo, programas de transparencia, códigos de ética, manuales anticorrupción, sistemas de administración de riesgo de lavado de activos y de la financiación del terrorismo y políticas frente al conflicto de intereses, con el fin de evitar la comisión de ilícitos o de conductas sancionables”, advierte la abogada Juliana Sanabria de la firma Moncada Abogadas.
Estos programas de cumplimientos, explica la abogada Sanabria, les dan a las compañías que los aplican una ventaja competitiva en el mercado y, de paso, se ponen a tono con la estricta normatividad que exige la Ocde.
Como ya se registró hace unas semanas en Argentina y la próxima semana en Perú, en Colombia también se preparan escenarios para hablar de transparencia y compliance a nivel empresarial y gubernamental. El 15 y 16 de noviembre, en Cartagena, el procurador Fernando Carrillo y el contralor Felipe Córdoba harán parte del foro en el que se discutirá cómo se está gestando la implementación el ordenamiento legal y en la práctica empresarial mecanismos para combatir la corrupción en Colombia.
En el evento también hará presencia Andrés Barreto, superintendente de Industria y Comercio. Así mismo, expertos de la Universitá degli Studi di Salerno (Italia), y de la Asociación Española de Compliance (ASCOM), entre otros.
“La propuesta de tipificación de la responsabilidad de las personas jurídicas, que se tramita en el Congreso, es un cambio de política criminal del Gobierno para combatir la corrupción, en donde se busca la sanción a las empresas laxas en temas de corrupción. Esto es un llamado a los sectores público y privado para combatir la corrupción con la adopción de un sistema de gestión interno”, enfatizó la abogada de Moncada Abogados, la firma que organiza el foro de Cartagena.
Los temas de transparencia están concebidos como parte de una cultura organizacional desde y hacia todos los niveles Implica que cada célula de la estructura desempeñe sus funciones de manera honrada, recta, respetuosa, integra, imparcial, leal e intachable y es una política que deben adoptar las pequeñas y medianas empresas, que son las que impulsan la economía del país.
TIPS PARA QUE LAS EMPRESAS ADOPTEN NORMAS DE TRANSPARENCIA
“Se requiere conocer la empresa, el sector y su estructura, con el fin de asegurar que el programa atiende las necesidades específicas de la misma, un “traje a la medida”, que facilite su adopción”, aseguró la abogada Sanabria. Además, recomienda:
Elaborar un mapa de riesgos, con su probabilidad de ocurrencia e impacto.
Diseño y elaboración de las políticas corporativas de la organización y de cada área.
Establecer las acciones que se seguirán para mitigar y controlar los riesgos.
Indicar la responsabilidad y competencias del personal de cada área y cuál es el rol de cada uno en el programa.
Establecer un canal de denuncias.
Capacitar al personal respecto al programa, su importancia e incidencia.
Establecer un sistema de investigación y medidas de corrección.
Tener mecanismos disciplinarios adecuados.
Hacer seguimiento y dejar evidencia de las acciones que lleva a cabo la empresa.
“Debemos advertir que tener un programa de cumplimiento no exime a las empresas de la responsabilidad penal; sin embargo, es fundamental para ejercer la defensa jurídica; es la herramienta que marca la diferencia entre ser condenado o no, entre pagar cuantiosas multas o no, e incluso permite la continuidad y futuro de la compañía”, finaliza la experta de Moncada Abogados.
