Finanzas

Empresas electrificadoras lideran último paquete de privatizaciones

Las épocas en que el Gobierno tenía activos de dónde echar mano están llegando a su fin. Después de más de 15 años de ventas y capitalizaciones de las empresas o participaciones que tenía la Nación en otras compañías, los activos estatales se pueden contar prácticamente con los dedos de las manos.

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febrero 01 de 2008 - 05:00 a. m.
2008-02-01

El principal negocio pendiente es la venta de cinco electrificadoras, y los expertos se preguntan qué pasará después con el gasto público, pues las grandes privatizaciones han sido importantes para financiarlo. Nombres como Corpavi, Granahorrar o Banco Cafetero, entre muchos otros, están solo en la memoria. Poco a poco y durante varios gobiernos, incluidos los de César Gaviria, Ernesto Samper, Andrés Pastrana y, por supuesto, Álvaro Uribe, las empresas estatales han ido pasando a manos privadas (nacionales y extranjeras) y otras, como Ecogás, son ahora de empresas distritales. Esta última, por ejemplo, pasó a ser de la Empresa de Energía de Bogotá, que vio en Ecogás una oportunidad de negocio. Hoy la lista de firmas estatales o con alguna participación pública que están a la espera de ser vendidas llega a cerca de 33, dentro de las que se encuentran 16 fondos ganaderos y tres centrales de abastos, así como las electrificadoras regionales (ver tabla). Y aunque no estén en la lista de próximas capitalizaciones o ventas, el Gobierno aún tiene participación en Isagén, Colombia Telecomunicaciones (Telecom), cuyo control está en manos de Telefónica, y en otras centrales de abastos. Solo en la historia más reciente, desde el 2004 cuando el equipo económico del gobierno Uribe diseñó el programa de aprovechamiento de activos y enajenación de participaciones de la Nación en empresas públicas y privadas, al bolsillo del Estado han ingresado aproximadamente 20 billones de pesos. LOS OBJETIVOS El programa ha tenido tres objetivos primordiales: bajar el déficit fiscal por el ingreso de recursos extraordinarios; generar un efecto permanente por la reducción en el servicio de la deuda por la disminución de su saldo; y redistribuir y optimizar el manejo de los activos con que cuenta la Nación. En el 2004 el déficit del sector público consolidado cerró en 1,2 por ciento del PIB y el del Gobierno Central en 5,6 por ciento del PIB. El año pasado, se estima que el déficit consolidado cerró en 0,7 por ciento (este año subirá al 1,7 por ciento) y el del Gobierno Central en 3,3 por ciento (el mismo para este año). La deuda, por su parte, ha pasado del 38,2 por ciento del PIB en el 2004, a 27,5 por ciento del PIB en el 2007, según datos del Ministerio de Hacienda al primer semestre del año pasado, el que aclara que no se incluye la deuda en poder del sector público ni sus activos financieros. A simple vista, pareciera que la estrategia ha funcionado. Sin embargo, analistas y expertos en el tema fiscal señalan que buena parte de la reducción del déficit en el sector consolidado se ha logrado gracias al buen comportamiento de los gobiernos territoriales, así como de empresas del orden local y nacional. Y en el caso del Gobierno Central, señalan que no se debe olvidar el buen comportamiento del recaudo tributario. La pregunta que hoy muchos se hacen es ¿qué va a hacer el Gobierno cuando se acaben los activos y no tenga de dónde echar mano? Para el Ministerio de Hacienda el asunto es claro: siempre se ha entendido que este programa es temporal y que los ingresos son extraordinarios, no permanentes. “Por eso siempre se han incluido en el presupuesto como ingresos de capital y no como ingresos corrientes”, explica una fuente del Ministerio de Hacienda. LOS CUESTIONAMIENTOS Sin embargo, para analistas el asunto no es tan fácil. El consultor Mauricio Cabrera señala que el Gobierno tendrá dos posibilidades: “una, prenderles velas a la Virgen y a San José para que los precios del carbón y del petróleo sigan altos. Y la otra, apretarse el cinturón”. Pero cuestiona el destino que se la ha dado a los recursos recibidos por esta vía. “En general la plata se ha usado para financiar gasto corriente. El dicho popular de que se vende la nevera para comprar el mercado cabe perfectamente en este caso”. El otro cuestionamiento de Cabrera es que fracasó en el tema de la democratización, pues se incumplió la Constitución de 1991, que propende por el acceso de los ciudadanos a la propiedad. “En la mayoría de los casos primó el criterio de vender al mayor precio posible por encima del objetivo constitucional de democratizar la propiedad y se reforzó el proceso de concentración de la riqueza”, ha señalado en varias ocasiones Cabrera. Por su parte, el ex ministro de Hacienda Juan Camilo Restrepo señala que, en términos generales, el programa ha sido bueno, pero advierte que la política fiscal no puede depender de la venta de activos. Igualmente, señala que hoy el comportamiento de los ingresos tributarios ha sido bueno, ha estado muy por encima de las metas trazadas, razón por la cual no cree que el Gobierno vaya a tener dificultades cuando se dé por terminado un programa que es temporal. “Parte de estas ventas se pudo haber ido a reducir deuda, aunque algunos de estos recursos los han dedicado no a reducir la deuda, sino a gastar más”, dijo Restrepo. IMPACTO EN LA INVERSIÓN EXTRANJERA Otro tema que preocupa respecto al agotamiento de los activos del Estado es el impacto que pueda tener sobre la inversión extranjera. El analista de Fedesarrollo Mauricio Reina señala que como cada vez son menos, la inversión extranjera se puede ver reducida. “Si bien no toda la inversión llega por esa vía, sí es cierto que muchos inversionistas extranjeros llegan detrás de esos activos que se están vendiendo y que se están agotando”, manifestó. Precisamente, uno de los indicadores que ha registrado las mejores cifras en los últimos trimestres es el de la inversión extranjera. Entre 2003 y 2007 logró llegar a promedios cercanos al 27 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB). Sin embargo, y dado el menor crecimiento que ha registrado la economía, en el tercer trimestre del 2007 (últimos datos del Dane) el crecimiento anual fue del 14,2 por ciento. '' Hoy, la lista de firmas estatales o con alguna participación pública que están a la espera de ser vendidas llega a cerca de 33. No hay más empresas públicas en venta. '' El ex ministro Juan Camilo Restrepo señala que en términos generales el programa ha sido bueno, pero advierte que la política fiscal no puede depender de la venta de activos”.Participación en Isagén e ISA, negocios pendientesAunque hoy en las cuentas del Gobierno no se ha incluido la venta de lo que le queda al Gobierno en Isagén, que es el 56 por ciento, no se descarta la venta en el segundo semestre de este año. El ministro de Hacienda, Óscar Iván Zuluaga, manifestó hace unos días que la operación está sujeta a los resultados de la convocatoria para ampliar la capacidad de generación energética del país, de acuerdo con la figura del cargo por capacidad. “Si los prospectos, como hoy se ven, son buenos y hay amplio interés, estaríamos tomando la decisión de vender”, dijo Zuluaga. Aclaró que el precio estará sujeto al valor de la acción, así como a una prima por el control de la compañía. En lo que toca a las electrificadoras de Cundinamarca, Meta, Boyacá, Norte de Santander y Santander, el funcionario señaló que tan pronto se superen los obstáculos judiciales se seguirá adelante con la venta. Y en el caso de ISA, descartó la privatización. En la lista de próximas privatizaciones en el sector eléctrico hay otras cinco empresas regionales que entrarán en el proceso de valoración. Se trata de la Empresa de Electricidad del Caquetá, cuya participación del Estado es del 72,35 por ciento. También está en la lista la Electrificadora del Huila, en la que el Estado tiene el 83 por ciento. Igualmente, está Centrales Eléctricas de Nariño, cuya participación estatal es del 35,05 por ciento. En este paquete también se encuentra la Empresa General y Comercializadora de Energía del Caribe, en la cual el Gobierno tiene el 100 por ciento. La Empresa Comercializadora de Energía Urrá está en la lista y el Estado participa con el 99,95 por ciento. En este caso, se está en curso de definición de términos de referencia. Por otro lado, está la Central Hidroeléctrica de Caldas (Chec), donde la Nación aún tiene el 27,52 por ciento. El Gobierno señala que está en curso de aprobación de valoración y estructuración de la venta.WILABR

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