La entrega de la administración del Fondo Soldicom, por parte del Ministerio de Minas y Energía en diciembre pasado a Fendipetróleo, uno de los dos gremios de los distribuidores minoristas de combustible, desató una polémica por cuenta de las críticas de Fedispetrol, la otra agremiación del sector.
En una carta enviada al ministro de Minas y Energía, Federico Renjifo, el presidente de esta última entidad, Álvaro Younes, aseguró que el Gobierno no puede entregar estos recursos, que suman más de 4.000 millones de pesos, “a una entidad que está cuestionada en su capacidad administrativa y que está insolvente económicamente”.
El Fondo Soldicom es un fondo parafiscal creado por el Gobierno en 1989 con recursos generados por las mismas estaciones mediante la venta de gasolina corriente, y cuyo fin era desarrollar programas en beneficio de los minoristas y en el mejoramiento de su calidad de vida. Younes cuestiona el hecho de que Fendipetróleo ha manejado alrededor de 36.000 millones de pesos en los 23 años que ha tenido la administración del Fondo y no existe ningún estudio o proyecto que demuestre que se haya hecho algo en beneficio de los minoristas.
Agrega que además, de las nueve auditorías fiscales realizadas por la Contraloría General de la República, en ocho de ellas no cumplen y el gremio no ha hecho nada al respecto.
“En todo lo que tiene que ver con el Fondo Soldicom hay un manto de sospecha y de duda, algo sombrío y oscuro en el Ministerio de Minas”, asegura Younes. La carta explica que a pesar de que en el 2012 el Minminas declaró desierta una convocatoria para la administración del Soldicom, debido a que ningún proponente cumplió con los términos de referencia, el Ministerio acudió al Sicom (Sistema de Información de Combustibles), entidad adscrita a la entidad, para verificar el número de afiliados de Fendipetróleo, con lo cual violó el estado de derecho por alterar el procedimiento, y además se convirtió en juez y parte.
Younes cuestionó el afán del Minminas para entregar esos recursos a una entidad cuestionada y además sancionada por la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) por más de 578 millones de pesos, por faltas graves a la competencia. “Como si fuera poco, esta Federación tiene embargada su única sede por una demanda ejecutiva y enfrenta una demanda en el Tribunal Administrativo de Cundinamarca interpuesta por el Sena”, concluyó el dirigente gremial.
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