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Finanzas

27 ago 2023 - 8:34 p. m.

‘La UPC subió mucho, pero no fue suficiente’: EPS Sanitas

Juan Pablo Rueda, presidente de la EPS, calcula que este concepto debió reajustarse un 24% para este año.

Juan Pablo Rueda

EPS Sanitas

César Melgarejo / CEET

POR:
diana k. rodríguez t. / ómar g. ahumada rojas

Los efectos de la pandema han generado en las EPS uno de los desbalances más grandes de la historia, sostiene Juan Pablo Rueda Sánchez, presidente de la EPS Sanitas, quien en conversación con Portafolio explicó las razones por las que hablan hoy de una insuficiencia de la Unidad de Pago por Capitación (UPC), además de los retos a los que se han tenido que enfrentar.

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Se conoce la situación del financiamiento de la salud. ¿Cómo se gestó en los números de la empresa?

Esta es una comunicación más, porque individual o a través de los gremios y en charlas con el Gobierno, desde hace mucho, hemos alertado la situación. Este es un problema que viene de tiempo atrás y con el Gobierno anterior también se habló de lo que estaba ocurriendo en la pospandemia. A este le tocó responder por algo que viene de atrás y para nuestro gusto no ha sido oportuno y efectivo en lo que ha hecho.

La carta tiene una señal de alarma porque la realidad es que desde hace un año y medio nuestros ingresos no son suficientes para financiar los costos que tenemos. Hemos empezado a tener pérdidas que han agotado nuestro patrimonio. Entre el 2022 y 2023 se ha agotado en más de $400.000 millones; la situación de insuficiencia consumió nuestro patrimonio.

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Hasta hace dos años lo teníamos intacto y la reserva técnica calculada e invertida completa. Lo que pasó es que el patrimonio se extinguió y ahora empezamos a agotar la reserva técnica y la siniestralidad es alta.

Al ritmo que vamos, agotaremos la reserva técnica y lo que va a empezar a ocurrir es que no podremos pagar nuestras obligaciones. Hoy cumplimos con esos pagos y con el Plan de Beneficios a la Salud (PBS) no tenemos cartera vencida.

¿Qué genera más impacto en la siniestralidad?

El año de quiebre fue el 2022. No es un tema único y lo más relevante de este año fue que durante el periodo de pandemia hubo un confinamiento que fue represando algunos servicios que no eran de urgencia.

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En 2023 tuvimos la siniestralidad normal, más las que quedaron pendientes por hacerse en 2020 y 2021. Eso empezó a ocurrir el año pasado y, de hecho, sigue ocurriendo en el 2023.

En el 2020-2021 no gasté la UPC, y tampoco la usé en el 2022 en atender las necesidades que llegaron después, porque esa UPC la utilicé atendiendo el covid. Todas las atenciones fueron de más de $900.000 millones. El Gobierno a través del Fome nos reconoció, de esos $900.000 millones, $340.000 millones. Quedaron $560.000 millones de atenciones de covid que financié con la UPC.

Una segunda causa es lo que no incluye el PBS (Plan de Beneficios en Salud), además de la inflación, el salario mínimo y la TRM. En 2022 la UPC se indexó como en 5% y la inflación terminó siendo de más de 13%. Un cuarto elemento es que la población tuvo unas dinámicas distintas en salud mental, creció mucho la hospitalización y una quinta cosa es la incertidumbre.

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Cuando se anunció que la EPS tenían problemas o que se iban a acabar, se empezó a generar una incertidumbre en la población y claramente las frecuencias empezaron a aumentar.

¿Y la asimetría de riesgo?


Esta es una de las cosas más importantes por resolver en el sistema. ¿Y esto qué es? El cómo el paciente tiene derecho a la libre elección de una EPS.

¿Cuál es la magnitud de traslados?

En nuestro ejercicio para tratar de definir las magnitudes son dos tipos de patologías. Hay enfermedades que son de alto costo que son de riesgo para que se concentre asimétricamente. Y otras que son crónicas, de menor costo, pero de mucha prevalencia. Lo que hacemos es ver la prevalencia nacional y qué tan arriba estamos. Cuando yo cuantifico esa desviación, el año pasado eran $630.000 millones por encima de la media. Y si a mí esas atenciones me costaron eso, a las EPS que no tienen esos usuarios no les costó lo mismo.

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¿Les ha afectado el traslado de liquidadas?

Sí. Nos han afectado las asignaciones forzosas. Antes de que empezaran, Sanitas tenía una operación importante en 100 municipios del país. Hoy estamos en 500 municipios. De esos 500 en 300 tenemos menos de 1.000 afiliados. Muchas de estas EPS estaban en problemas financieros, no necesariamente porque fueran malas o ineficientes, sino porque tenían esa concentración de riesgo. Las prevalencias de estas EPS eran más altas y cuando las liquidaron y distribuyeron los usuarios, esa carga de enfermedad se distribuyó entre nosotros.

Aunque la distribución sí fue equitativa entre las que recibimos, era una población mucho más enferma a la que teníamos. Eso agravó la situación. El problema es que la UPC de una persona con hemofilia, donde el costo anual de atención puede ser entre $80 y $100 millones de pesos, es exactamente igual a la que no tiene esta enfermedad.
Las asignaciones forzosas han incrementado los usuarios en esta situación, pero los solos traslados voluntarios de la gente en ejercicio de su derecho a la libre elección, han ido cargando más a nuestra EPS.

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¿Qué ha salido de las reuniones sobre la segmentación de UPC?

Para mí ese es el problema más grave del sistema. De hecho, la intención de las mesas de trabajo que se hagan con el Gobierno es discutir cómo es que se puede resolver. La UPC hay que ajustarla por grupo de edad y por condición de atendiendo el perfil epidemiológico. Parte de esas mesas de trabajo que se abrieron con el Gobierno, es para lo que tiene que ver con los no PBS. Porque el Ministro repite, con toda la razón, que nosotros recibimos la UPC sagradamente todos los meses por anticipado. Eso es cierto, pero es insuficiente. Es responsabilidad del Gobierno que la estimación de la UPC sea suficiente. En nuestros cálculos debió subir el 24%. Entonces sí, subió mucho. Pero igual no fue suficiente. Tenemos fe en lo que ocurra con el 2024, porque si son capaces de recoger esa realidad, el incremento tendría que ayudar a corregir la insuficiencia de la UPC.

¿Eso subiría la necesidad de más recursos del fisco?

Esto tiene un efecto de suma cero. Para hacer esto no hay que ponerle un peso más al sistema, sino nivelar las cargas. Es una redistribución, que busca equidad, no solo financiera, sino para los ciudadanos.

¿El Gobierno es consciente de eso?

El ministro Guillermo Jaramillo entendió la situación, mencionó que hay unas concentraciones para balancear y van a revisarlo. Entonces, yo tengo la esperanza de que realmente lo revise. Lo más importante es que se recalcule la UPC, se balancee y ya hay una mesa de trabajo. Lo que le dijimos al Gobierno es que necesitamos cerrar el año sin entrar en fallas de pago hacia los prestadores. Porque eso abre la puerta para que más adelante haya un problema real de atención.

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¿Qué tiempo dieron para trabajar en las mesas?

Las mesas van a trabajar la próxima semana (esta). Vamos a llegar con soluciones concretas. Sé que no va a ser fácil, pero quisiéramos por lo menos ver que en 15 días haya un camino con decisiones.

¿Y si no llegan a un acuerdo?

Si no avanzan las mesas de trabajo y no llegamos a un acuerdo, no voy a tener recursos suficientes para pagar a la red y voy a empezar a incumplir los pagos, lo que va a llevar a una limitación de los servicios y la desatención de los usuarios.

¿Hay o no hay deuda?

En lo de la suficiencia de la UPC, no hay una deuda; es una insuficiencia. Otro tema es lo no PBS. También hay una discusión sobre si es deuda o no. Hay una cartera con la red de $300.000 millones, pero no con el PBS sino en presupuestos máximos.

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¿Van a capitalizarse?

Los accionistas ya capitalizaron y tocó invertir esos recursos en prestación de servicios. Este es un momento donde es muy difícil que se logre una nueva capitalización. Con la incertidumbre de que las EPS no van a continuar, la posibilidad de que logremos conseguir un capital que cubra esto es muy bajo. Honestamente diría que es difícil.

¿Qué efecto tiene pagarle directamente a las IPS?

Si no existiera una EPS Sanitas y es la Nueva EPS o es el Gobierno el que paga, pues llegan esos recursos y se utilizan para pagar a la red, pero son insuficientes.
El Gobierno tampoco le va a poder pagar a la red, porque ahí hay un problema de insuficiencia. Pagar directamente no soluciona la insuficiencia.

DIANA K. RODRÍGUEZ. T.
Periodista de Portafolio

ÓMAR G. AHUMADA ROJAS
Editor de Portafolio

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