Con ese argumento, las EPS reunidas en Acemi, le formularon un derecho de petición a la Defensoría del Pueblo para que les indique cuál es la interpretación que sobre el Plan Obligatorio de salud tiene esa entidad. Y es que en un documento de la Defensoría los califica por cumplir metodologías de Hacienda que esas empresas deben acatar. Las EPS muestran que el Ministerio de Hacienda considera que para que un requerimiento este incluido en el POS, debe hacer parte del cálculo de la Unidad de Pago por Capitación (UPC). Mientras que para el Ministerio de la Protección Social los insumos requeridos dentro de un procedimiento POS deben entenderse como incluidos en el plan de salud. El problema, según lo explican las EPS, es que temas como el de una solicitud de un audífono, según Hacienda, está incluido el tratamiento y la adaptación para el dispositivo, pero no el dispositivo. Y para Protección, debe entenderse como incluido dentro del proceso, a lo cual hay que sumar el tema cosmético del usuario que quiere un determinado audífono. Como al final del día el Fosyga es el que gira, la EPS debe cumplir con la metodología fijada por Hacienda. Es decir, el usuario tendría que presentar una tutela para que la EPS le entregue el dispositivo y recobre al Fosyga. Esa situación hace que aparezca como negligente la EPS. Pero sino procede de acuerdo con la reglamentación, el Fosyga no le respondería por esa cuenta. Como a las EPS se les ha señalado de negar servicios incluidos en el POS, las entidades le piden a la Defensoría que explique cuál es la metodología usada en su estudio para definir POS y no-POS. El tema vuelve a desnudar el reclamo de los gobernadores, en torno a que se realicen estudios técnicos que permitan definir de qué se enferman los colombianos y cuáles son los medicamentos que se requieren.56 por ciento de las solicitudes de tutela en salud contra las EPS corresponde a procesos POS, según la Defensoría.
