Nosotros todavía estamos examinando lo que tiene que ver con nuestro negocio como operadores, para ver si con estas disposiciones el riesgo de insolvencia se supera o no.
Es que cuando a uno le deben 900.000 millones de pesos, de los cuales 500.000 están glosados y no hay una aceleración en los pagos de esa deuda ni una solución al tema glosado, hay que evaluar lo que viene.
Vale la pena hacer un paralelo con la crisis financiera. Allí hubo normas especiales de salvamento para el sistema financiero y los bancos.
¿Pero aquí también se asignan más recursos?
Los propios considerando de la Emergencia hablan de un altísimo riesgo de iliquidez para los operadores de las Empresas Promotoras de Salud (EPS).
Aquí no hay ninguna norma aparte de la conciliación, tendiente a ser posible que los operadores sean viables.
¿Cuál cree que será el fallo de la Corte respecto a la constitucionalidad o no de la declaratoria de la Emergencia Social?
La opinión nuestra es que el sistema de salud afronta gravísimos problemas y una crisis profunda, con múltiples causas y tofdas ellas son graves. Nosotros, en noviembre del año pasado generamos la alarma: si no encontramos una solución, de las 15 EPS afiliadas a Acemi, nueve de ellas no podrán seguir operando en los próximos meses porque entrarán en causal de disolución.
Coincidimos totalmente con el Gobierno en el sentido de que hay un problema grave en el sistema de salud. Y esos son los elementos que debe admitir la Corte.