El ex ministro de Hacienda, Alberto Carrasquilla, propuso en la Convención Bancaria, que en vez de una reforma tributaria, a su juicio innecesaria, el Gobierno salga de empresas como Ecopetrol, en donde tiene el 90 por ciento.
El ministro de Hacienda, Óscar Iván Zuluaga, señaló que en la proyectada ley se plantea establecer una tarifa diferencial para el nuevo impuesto al patrimonio, y dijo que de pasar, el aumento del recaudo será entre 2 y 2,1 billones de pesos.
Este diario había informado que el Gobierno iba al menos por 2 billones.
Sin embargo, su antecesor Alberto Carrasquilla considera que la reforma no es necesaria en este momento, pues tal como está establecido en el marco fiscal de mediano plazo (carta de navegación de las cuentas públicas) "las cifras son tranquilizadoras y aterrizadas, al tiempo que muestran la voluntad del Gobierno de enfrentar la desaceleración", sostuvo.
Para conseguir los recursos que faltan del impuesto al patrimonio, Carrasquilla propone privatizar activos que en su concepto no deberían estar en manos del Gobierno, como Ecopetrol.
"No le veo sentido -dijo Carrasquilla- a tener en el balance del Gobierno acciones de Ecopetrol o de otras empresas siendo que tenemos tantas necesidades. Eso es un lujo que uno muchas veces no se puede dar".
De acuerdo con Zuluaga, el proyecto de reforma tributaria que radicará el próximo 20 de julio planteará la renovación del impuesto al patrimonio a partir del 2011 y por un período de cuatro años.
Tal como se había anunciado, el gravamen será para empresas y personas naturales con patrimonios superiores a los 2.000 millones de pesos, pero se establecerá una tarifa gradual.
Quienes posean un patrimonio de 2.000 a 3.000 millones de pesos pagarán una tarifa de 0,4 por ciento y los que superen este monto deberán tributar con una tasa del 0,6 por ciento.
No es momento de cambios
Por su parte los banqueros insistieron en que este no es el momento para hacer una reforma tributaria, aunque se mostraron de acuerdo con la eliminación de ciertos beneficios, como los contratos de estabilidad jurídica.
"Ellos llevan a que haya gabelas gigantescas por 20 años y eso le quita flexibilidad a la política tributaria", dijo María Mercedes Cuéllar, presidente de Asobancaria.