Se trata de las negociadores de Corea del Sur y Colombia, para un Tratado de Libre Comercio bilateral.
El encuentro está precedido de la solicitud hecha por un amplio sector de la industria transformadora de PVC y los fabricantes de tubos, para que se eliminen de un sólo golpe el arancel del 15 por ciento que rige actualmente para la resina de PVC importada.
"Se trata de una gran oportunidad para que Colombia reduzca los costos de uno de los materiales claves para sectores como la construcción, los acueductos y la infraestructura de riego para el sector agropecuario", aseguró José María Escovar, gerente de la empresa Gerfor S.A.
Colombia es autosuficiente en la producción de resina para PVC, lo que ha llevado al Gobierno a establecer un nivel de protección a la industria nacional, pero a costa de los fabricantes de tubos y accesorios y de las propias empresas de construcción de vivienda, obras civiles, acueductos y distritos de riego.
Sin embargo, los industriales del sector están divididos en sus opiniones, pues algunas empresas participan no sólo en el mercado de tubos sino también en el de la producción de resina. Los empresario que piden la desgravación total inmediata de la resina de PVC sostienen que esta medida ayudará a que los recursos disponibles para los planes departamentales de agua alcancen para más obras, pues se calcula que el desmonte del arancel tendría un efecto cercano al 10 por ciento neto menos en el valor de la tubería que se utiliza en este tipo de proyectos.
Escovar le dijo a PORTAFOLIO que la industria colombiana está comprando la resina nacional a precios superiores a la importada. Representantes del subsector industrial, en las áreas de transformación de la resina, distribuidores mayoristas y contratistas, aseguran que por este sesgo se paga entre 170 y 200 dólares más por tonelada.
En carta al ministro de Ambiente, Carlos Costa Posada, el gerente de Gerfor S.A., José María Escovar y sus homólogos de Tigre Colombia S.A., Alan Tavares Fontes, y de Durman, Álvaro Perdomo, advirtieron que "la protección sin sentido a la producción interna atenta contra la optimización de los recursos estatales".
