Un fallo improcedente

Las acciones populares fueron creadas por el artículo 88 la de la Constitución del 91 y desarrolladas por la Ley 472 de 1998. Están orientadas a garantizar la defensa y protección de los derechos e intereses colectivos. No existe una definición taxativa de los derechos que se protegen a través de ellas, sino solamente el Artículo 4 de la ley hace una enumeración por vía de ejemplo de los mismos.

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febrero 28 de 2006 - 05:00 a.m.
2006-02-28

Quizás ello podría explicar el error en que incurrió el Tribunal Administrativo de Cundinamarca en la decisión por medio de la cual ordenó al Presidente de la República, abstenerse de la suscripción parcial o total del TLC con los Estados Unidos que resulte lesivo de los derechos colectivos en los temas enunciados en el fallo o de cualquiera otro que surja en conexidad con los mismos. Pero si en este artículo puede quedar alguna duda sobre la competencia del Tribunal para pronunciarse sobre la negociación de los tratados internacionales que lesionen los derechos colectivos, los Artículos 7 y 10 de la misma ley precisan claramente que no tiene competencia al respecto. Por su parte el Artículo 7 expresamente establece que los derechos e intereses protegidos por las acciones populares se observarán y aplicarán de acuerdo a como están definidos y regulados en la Constitución, las leyes y los tratados internacionales que vinculen a Colombia. En estas circunstancias si la Constitución establece un sistema propio y complejo para la negociación de los tratados internacionales, que comprende varias etapas como son la negociación a cargo del Presidente de la República, la aprobación por parte del Congreso y la declaratoria de constitucionalidad por parte de la Corte Constitucional, no puede un tribunal subalterno arrogarse estas competencias. Será el Congreso cuando apruebe el tratado a quien le corresponderá determinar el interés nacional, dentro del cual tiene que tener en cuenta si se están protegiendo los derechos colectivos, y a la Corte Constitucional determinar si respeta no solo la Carta sino a los derechos fundamentales que ella protege. Pero como si lo anterior fuera poco, el Artículo 10 establece que “cuando el derecho o interés colectivo se vea amenazado o vulnerado por la actividad de la administración, no será necesario interponer previamente los recursos administrativos como requisito para intentar la acción popular”. Lo anterior quiere decir que los actos de la administración que son materia de la acción popular son los que pueden cuestionarse ante la vía contencioso administrativa por medio de las acciones de nulidad y plena jurisdicción; es decir, los que se derivan de un acto y operación de la administración violatorios de una ley y no los que son violatorios de la normatividad constitucional. En estas circunstancias la medida cautelar comentada es improcedente. Desconoce la facultad del Presidente de dirigir las relaciones internacionales, la división de poderes y la separación de los órganos, en la forma reconocida en la Constitución. No hay que olvidar que los tratados públicos son actos complejos, porque en su proceso de formación intervienen las tres ramas del poder público, en cuanto expresan el consentimiento del Estado para obligarse internacionalmente, correspondiéndole al ejecutivo la iniciativa e impulso de los mismos, por ser ello propio de la forma de gobierno presidencialista. En estas circunstancias las acciones populares proceden contra el Presidente como jefe de Gobierno, pero no contra los actos que realiza como jefe de Estado.

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