Al principio hubo incredulidad. Era tan absurda la criminal noticia que nadie podía suponer que fuera cierta. Por algunos días se sostuvo que indudablemente se trataba de guerrilleros que se habían enfrentado a las tropas regulares. El Presidente de la República alcanzó a decir que evidentemente las primeras indagaciones demostraban la existencia del combate. Horas después fue desmentido por el fiscal Iguarán. Una comisión integrada por el propio Ejército, encontró que efectivamente los cuerpos encontrados en unas fosas en Ocaña no correspondían a guerrilleros, sino a los muchachos que habían desaparecido en la población cundinamarquesa. Casi cada día que pasa, surgen casos parecidos en distintas regiones de la geografía nacional. Y crece el número de víctimas. En forma airada y justificada, el Jefe del Estado procedió a destituir en público a 27 militares, incluidos tres generales -uno de división- varios coroneles y mayores y algunos suboficiales. Es el remezón más grande que por motivos de violación a los derechos humanos se ha producido en la historia de Colombia. Sin que tuviera responsabilidad directa en los hechos, el comandante del Ejército, general Mario Montoya, terminó pidiendo su retiro, probablemente, porque no le consultaron la destitución de sus subalternos. El modus-operandi pareció ser el de jóvenes que se escogían entre quienes no tenían dolientes en el lugar -como aparece en el espeluznante relato en la revista Semana del soldado que fue testigo del asesinato de su propio hermano- eran presentados como guerrilleros y luego se cobraban las recompensas tan exitosas dentro de la política de Seguridad Democrática. La noticia le dio la vuelta al mundo y transmite una muy mala imagen de nuestras Fuerzas Militares. Desde luego es necesario precisar que no todos los desvinculados del Ejército -incluidos los tres generales- tienen el mismo grado de responsabilidad. A estos últimos se les ha cobrado, al parecer, la ausencia de control en el ejercicio del mando y no la participación en tan execrables actos. Es sin duda un lunar muy grande, que cuestiona toda la política de seguridad del actual Gobierno. No pueden obtenerse resultados a cualquier precio, y menos a costa de cometer asesinatos a sangre fría, con todas las agravantes del Código Penal. Estimular el patriotismo con beneficios económicos no es la mejor manera de combatir a la guerrilla. Hay que resaltar a favor del Gobierno que ha roto una larga y dañina tradición, que fundada en un mal entendido espíritu de solidaridad de cuerpo, impedía que se investigaran los hechos atribuibles a miembros de la Fuerza Pública. Los que durante mi gestión como jefe del Ministerio Público, hace casi 20 años, se inventaron el llamado síndrome de la Procuraduría, lo que buscaban era que no hubiese ningún control sobre los actos de los militares. Por muchos años hubo laxitud de la sociedad y el Estado para investigar los casos de violación a los derechos humanos. Por esa misma razón, al interior de los cuarteles hizo carrera la idea de que todo estaba permitido con tal de mostrar bajas, así fueran dentro de la población civil. Si se hubiese permitido el oportuno control no estaríamos lamentando estos escabrosos y sangrientos falsos positivos, que solo pueden clasificarse como crímenes espantosos. La política de Seguridad Democrática ha entrado en cuidados intensivos. gomezgomezabogados@cable.net.co '' Por muchos años hubo laxitud de la sociedad y el Estado para investigar los casos de violación a los derechos humanos.WILABR
Finanzas
12 nov 2008 - 5:00 a. m.
Falsos positivos y revolcón militar
Cuando comenzaron a presentarse las primeras denuncias sobre los jóvenes que en Soacha, muy cerca de Bogotá, eran reclutados por grupos delincuenciales con la ayuda de militares para aparecer luego como muertos en combate en Ocaña, nadie imaginó las dimensiones que el problema tomaría.
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