La Fiscalía le imputó este jueves a la excontralora General Sandra Morelli los delitos de contrato sin cumplimiento de requisitos legales y peculado por apropiación a favor de terceros. Si es hallada culpable, podría enfrentar una pena de entre 5 y 18 años de prisión.
Según la Fiscalía, Morelli violó los principios de transparencia, economía y selección objetiva al firmar los contratos 233 y 234 del arrendamiento de la sede de la Contraloría, el 29 de marzo del 2012.
La Fiscalía aseguró que la contratación se basó en la “improvisación y el caos” que por una “actitud caprichosa de la Contralora” ocasionó un detrimento patrimonial de 12.000 millones de pesos.
Según la Fiscalía General, el contrato de 2.703 millones de pesos se realizó “con desprecio” de la necesidad de justificar el traslado de la sede de la Contraloría y se hizo con una “búsqueda de bienes con direccionados criterios de selección”.
Para el ente acusador, el contrato se “direccionó” a favor de Proyectos y Desarrollos S. A. y se presentó un “sobrecosto del canon de arrendamiento”.
