Esto debido a que consideran que múltiples asuntos críticos hacen inviable hoy su construcción.
Uno de estos factores, según la compañía, es que en la zona del proyecto se han presentado procesos de desplazamiento forzado, producto de la lucha por el control territorial de algunos grupos armados.
A esta problemática se suma el fuerte incremento en el número de personas a las que se les iban a comprar los terrenos, ya que en el 2006, cuando se hicieron los estudios de impacto ambiental, se identificaron 2.799 habitantes en el cañón del río Porce, cantidad que subió a 8.500 luego de que en el 2008 el Ministerio de Minas y Energía declaró el proyecto como de utilidad pública y de interés social.
Al conocer la noticia, el ministro de Minas y Energía, Carlos Rodado Noriega, dijo que “es apenas una solicitud de las Empresas Públicas de Medellín, en relación a unos problemas de orden público y del manejo de comunidades que se tiene en la zona, pero no se ha tomado ninguna decisión de suspender el proyecto”.