La política energética del país ha sido uno de los temas más álgidos en la contienda electoral por la presidencia. Recientemente, el sector pretrolero publicó sus proyecciones a mediano y largo plazo bajo un escenario de sostenimiento de la exploración y producción de hidrocarburos.
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También lo hicieron bajo una realidad de debilitamiento con una política pública que ponga mayor carga tributaria al sector de petróleo y gas natural. Según Francisco José Lloreda, presidente de la Asociación Colombiana del Petróleo (ACP), una nueva realidad bajo el segundo escenario haría que en cinco años la producción de petróleo caiga 47 por ciento y la de gas, 27 por ciento.
En este sentido, Colombia anticiparía las proyecciones de importación de gas, lo cual se daría antes del 2026. Por su parte, el petróleo habría que importarlo desde el 2028. El estudio económico que hizo la agremiación explica que este déficit se daría porque solo se ejecutarían proyectos ya aprobados para el desarrollo de recursos descubiertos, y únicamente se perforarían los pozos exploratorios provenientes de obligaciones contractuales de las empresas con la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH).
Asimismo, se quedarían sin desarrollo algunos recursos ya descubiertos, no habría exploración adicional ni proyectos piloto en yacimientos convencionales a través del fracking.
Esto, según Lloreda, llevaría a que se disparen los precios de los combustibles y la factura de gas de los hogares, pero además habría riesgo para el respaldo de la generación de electricidad con gas en épocas de sequía o para cubrir la intermitencia de las fuentes renovables no convencionales.
La ACP cálcula que en cuatro años el precio de la factura de gas se multiplicaría cinco veces y los colombianos tendrían que pagar 6.000 millones de dólares al año para asumir este costo. Además de las altas volatilidades en el precio.
En cuanto al escenario de la estabilidad, el sector de petróleo y gas le generaría ingresos a la Nación por 105 billones en los próximos cuatro años y 227 billones hasta 2032, contribuyendo a la financiación de programas de desarrollo social, a la reactivación económica, a la diversificación productiva y energética y al equilibrio fiscal del país.
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Junto a ello, tendría aportes de 38 billones de pesos por regalías en el próximo gobierno y 80 billones hasta 2032. De acuerdo con Lloreda, si no hay más contratos, entonces lo natural es que reduzcan su presencia en el país y las casas matrices se lleven la inversión para otros lugares. Por el contrario, en una realidad de sostenimiento de la política energética se incentivarían 84 billones de pesos en inversiones del sector durante el próximo gobierno y 172 billones hasta el año 2032.
PORTAFOLIO
Con información de EL TIEMPO*
