Fútbol, árbitros y corrupción

Ya pasó el escándalo del día. Esta vez fue la descarada aceptación de un ex árbitro de haber servido de intermediario con un ‘amiguito’ para ofrecerle dinero a un árbitro para que ‘arreglara’ uno de los partidos de la fase final del campeonato profesional. Como siempre hubo las airadas reacciones, generalmente ‘emotivas’. El ministro Sabas Pretelt, le pidió a la Fiscalía que mandara a esos ‘sinvergüenzas’ a la cárcel. Lo propio hizo el Vicepresidente de la República. La Fiscalía anunció el inicio de una ‘indagación preliminar’.

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noviembre 30 de 2005 - 05:00 a.m.
2005-11-30

La verdad, es que desde el punto de vista estrictamente penal, no puede hablarse, como lo hicieron difusa y ampliamente los medios de comunicación, de soborno o cohecho. Esas conductas delictivas solamente se presentan cuando los empleados públicos reciben dinero o dádivas, o cuando un tercero las solicita o acepta en su nombre. En términos coloquiales, se puede decir que un árbitro fue ‘sobornado’ .Pero jurídicamente esa figura no existe tratándose de simples particulares. Igualmente se ha planteado extender una disposición del Código Penal que sanciona con prisión a quien,"en lotería, rifa o juego, obtenga provecho para sí o para otro, valiéndose de cualquier medio fraudulento para asegurar un determinado resultado". La verdad es que esta modalidad de la estafa, comprende los llamados ‘juegos de azar’ entre los cuales no está propiamente la actividad deportiva. Naturalmente que la actitud del ex árbitro y su entorno es totalmente reprochable. No es la primera vez en Colombia que alrededor del arbitraje, se dan casos de entrega de dineros, apuestas y hasta asesinatos. Hasta ahora, por la razón que anotamos no ha ido a la cárcel ningún árbitro por arreglar partidos, aún cuando casos se han dado. Sin embargo, detrás de estas emotivas reacciones, lo que hay es la continuación de la tolerancia de la sociedad con todo lo que ha girado alrededor del fútbol en los últimos cuarenta años en Colombia. Los equipos ya no están integrados como antes por muchachos oriundos de las regiones que defendían la camiseta de sus departamentos. Se presentan unos contratos muy particulares que en el fondo implican un tráfico de personas. Se habla de que el ‘pase’ de determinado jugador le pertenece al club A o al club B. Se ‘venden’ los jugadores -aún cuando eso no se da exclusivamente en Colombia- como si fueran mercancías cuyo precio sube o baja según su rendimiento. Muchas veces el jugador es ‘vendido’ sin que él tenga la menor idea. Y lo peor ha sido la infiltración de las mafias en el fútbol, ya no como negocio sino como deporte. Cuando en 1983 el ministro de Justicia Rodrigo Lara Bonilla -luego asesinado por los narcotraficantes- comenzó a hablar de la penetración de la mafia en el deporte, lo tildaron de loco y de ser responsable de una cacería de brujas. Fueron muy conocidas las preferencias de Pablo Escobar, Rodríguez Gacha, y los hermanos Rodríguez Orejuela por determinados clubes deportivos. Uno de los jugadores de la selección le dedicó un gol a uno de los capos. Varios futbolistas de la Selección eran asiduos visitantes de la ‘Catedral’. El portero ídolo estuvo preso por estar mediando en un secuestro. Todas esas cosas han pasado casi a la luz pública. ¿Controla el Estado esos contratos? ¿Los empresarios del fútbol, y los jugadores mismos pagan impuestos? ¿Controla la Superintendencia de Sociedades de dónde sale tanto dinero para ‘comprar’ costosos futbolistas? Si todo eso pasa, suena un poco extraño que sólo ahora nos produzca sorpresa que se haya querido comprar a un árbitro. Alfonso Gómez Méndez Ex fiscal general

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