Por estos días el Gobierno Nacional alista los detalles de un decreto con el que busca agilizar la construcción de oleoductos en el país, mediante la intervención directa del Estado.
Hoy en día las empresas de transporte de gas no invierten en gasoductos a menos que haya una demanda asegurada para el gas que van a transportar, con el fin de garantizar que la inversión dé rentabilidad.
Sin embargo, de acuerdo con el viceministro de Energía, Carlos Eraso Calero, el proceso de negociación entre los transportadores y compradores no se está dando con la agilidad que requiere el mercado.
Por eso –confirmó el funcionario– desde principios de año se ha estado trabajando en un decreto que busca dar un estímulo para que las empresas transportadoras inviertan en estos activos de gas natural.
“Aquí lo que queremos es que si el Gobierno Nacional identifica la necesidad en la expansión del sistema de transporte, se haga un concurso público para definir quién realiza las inversiones y cuál es el tamaño de las mismas”, señaló Eraso Calero.
La nueva regulación busca crear un esquema similar al del cargo por confiabilidad existente en el sistema de distribución de energía eléctrica, para fortalecer la infraestructura de transporte de gas.
El director ejecutivo de la Creg, Jorge Pinto Nolla, señaló al respecto que en el país hoy existen dos factores que dificultan el acceso al gas natural por parte de las empresas: por un lado la falta de disponibilidad (es decir que no hay suficientes recursos) y, por otro lado, que falta infraestructura de transporte para llevar el combustible desde los campos productores hacia donde está la demanda.
“Hay que hacer la expansión de la infraestructura, y para eso hay que dar las señales adecuadas para que se hagan las obras, que se retrasan por la misma dinámica de los negocios privados”, señaló Pinto Nolla.
La Creg también está participando en la construcción del mencionado decreto que, según el Viceministro, deberá estar listo en cuestión de semanas.
Y LO ESTRUCTURAL
Para el presidente de Naturgas (Asociación Colombiana de Gas Natural), Eduardo Pizano de Narváez, más allá de un incentivo al mercado hay que resolver problemas estructurales y de la regulación.
El vocero gremial aseguró que una consultoría independiente contratada por Naturgas indicó que hay serios problemas en la regulación que debería garantizar el retorno en las inversiones en transporte.
“Antes de construir un gasoducto las empresas tienen que identificar si hay gas o si hay mercado. Nadie hace un proyecto de este tipo para tener pérdidas”, explicó Pizano.
Para el ejecutivo, en Sincelejo, donde está en construcción el oleoducto del Sur de Promigas, que conectará los campos de Hocol, Canacol y Pacific E&P, es una muestra de que cuando hay demanda y hay gas el mercado funciona y se desarrollan los proyectos con normalidad.
El viceministro de Energía dijo que la propuesta no busca reemplazar el esquema actual sino complementarlo, para acelerar el desarrollo de los proyectos de transporte.
Agregó que se planea que la Upme realice un plan indicativo para transporte de gas, con el fin de identificar los proyectos necesarios, así como sucede en el sector de energía eléctrica.
CREG ALISTA NORMA DE DISTRIBUCIÓN
Para consultas está en la Comisión de Regulación de Energía y Gas una resolución que cambiará el esquema de pago a las empresas de transporte y distribución de energía eléctrica como ISA, el Grupo Energía de Bogotá, Codensa, Electricaribe, entre otras.
Básicamente, en el nuevo esquema la Creg tiene en cuenta la depreciación de los activos, es decir, las redes y transformadores que se utilizan para transportar la energía.
“Hasta el momento hemos tenido remuneración de los equipos como nuevos, bajo el entendido de que las empresas van reponiéndolos, en la medida en que se van deteriorando. Pero hemos identificado que en algunos casos el nivel de inversiones no es lo que debiera ser. La medida obliga a las empresas a que hagan las inversiones año a año, eso implica un esfuerzo económico porque antes era voluntario y ahora es obligatorio”, señaló Jorge Pinto Nolla, de la Creg.
Para las empresas esta medida será un fuerte golpe a las utilidades de las empresas y a su patrimonio.
