Las instituciones públicas ya habían señalado que ninguna de los bancos auditados se encontraba al borde de la quiebra, pero se supone que estas pruebas deberían mostrar que les faltan miles de millones de dólares de fondos propios para resistir una posible degradación de la coyuntura económica.
A fines de abril, el Fondo Monetario Internacional había afirmado que los bancos estadounidenses precisarían unos 275.000 millones de dólares suplementarios de aquí a 2010 para limpiar sus cuentas de los errores pasados.
"Son cifras enormes. Será un desafío, para las instituciones que deberán captar fondos (...) Con la publicación de estos resultados, tal vez haya más preguntas sobre el futuro de estos bancos que respuestas", explicó a la AFP el abogado Kevin Petrasic, un ex responsable del regulador bancario OTS.
Según el New York Times y el Wall Street Journal, el primer banco de Estados Unidos por sus activos, Bank of America (BofA), deberá encontrar hasta 35.000 millones de dólares para responder a las exigencias del regulador.
En caso que no consiga toda esta cantidad, el banco, que recibió 45.000 millones de dólares de fondos públicos, podría tener que convertir una parte de sus títulos híbridos detentados por el Estado en acciones ordinarias, lo que llevaría a su nacionalización parcial.
El viernes, el Wall Street Journal informó que Citigroup precisará captar 10.000 millones de dólares.
El premio Nobel de Economía Paul Krugman estimó en su columna diaria que si presentan un sector bancario uniformemente sólido, los resultados de estas pruebas no serían creíbles.
"Las personas bien informadas están en mejor posición de creer. 'Creería usted si dijera que el Citi se porta bien? Ok, y si le dijera que precisa 5.000 millones de dólares? No es suficiente? 10.000 entonces?'", ironizaba.
El presidente de la Reserva Federal estadounidense, Ben Bernanke, aseguró que "una gran cantidad de ellos (de los bancos) serán capaces de satisfacer sus necesidades (...) sin capitales suplementarios del Estado", declaró al Congreso. También destacó la hipótesis de que los bancos en la incapacidad de recurrir al mercado se resignen a que el Estado vea aumentar su participación.
La administración de Barack Obama no quiere solicitar al Congreso más de los 700.000 millones de dólares desbloqueados en octubre para el sistema financiero, de los que quedan sólo unos 1.000 millones.
"No podemos subvencionar los bancos para siempre", señalan los economistas Matthew Richardson y Nouriel Roubinilançaient en el Wall Street Journal.
Según ellos, en la medida en que "es altamente probable que algunos de sus grandes bancos terminen por ser insolventes (...) el Estado debe dotarse de un plan para solucionar los problemas de estas instituciones que no consiste en tirar el dinero público en pozos sin fondo".
Bancos, al banquillo
Según los pronósticos, unos diez de ellos tendrán que recaudar más capital para afrontar un potencial deterioro adicional de la economía.
Bank of America, el principal banco del país por volumen de activos, deberá aumentar en unos 34.000 millones de dólares su capital, según adelantó hoy la prensa local.
Citigroup y Wells Fargo también necesitarán reforzar sus arcas, informó esta semana el diario The Wall Street Journal.
El plan del Gobierno, bautizado como "prueba de resistencia", evalúa la capacidad de los bancos de afrontar potenciales pérdidas futuras fruto de un empeoramiento de la situación económica.
El objetivo es que el sector tenga capital suficiente para poder seguir prestando incluso si la recesión empeora.
El secretario del Tesoro estadounidense, Timothy Geithner, dijo en febrero, cuando se dio a conocer el programa, que las pruebas resultaban vitales para que el sector financiero recupere la confianza perdida y vuelva a pisar terreno firme.
Los reguladores comenzaron a informar el martes a los bancos sobre los resultados, que se darán a conocer mañana al cierre de Wall Street.
Los inversores no parecen preocupados a juzgar por la evolución de las acciones bancarias, que reaccionaron al alza esta semana en la bolsa neoyorquina.
Pese a la relativa tranquilidad del mercado, falta por ver cómo conseguirán hacerse los bancos con las cantidades multimillonarias que previsiblemente deberán de recaudar.
En el caso de Bank of America, por ejemplo, el capital adicional requerido puede exceder lo que el banco obtendría mediante la venta de activos o la emisión adicional de acciones.
O sea que la única opción para la entidad sería el convertir las acciones preferentes, que obtuvo el Gobierno en el banco como parte del programa de inyección de liquidez, en títulos comunes.
Ese proceso incrementaría el capital hasta los niveles requeridos por las autoridades, pero convertiría también al Gobierno en uno de los principales accionistas de Bank of America, un desenlace que el banco quiere evitar a toda costa.
Con el fin de obtener fondos adicionales, el banco anda en la búsqueda de compradores para algunos de sus activos, como la división de gestión de activos Columbia Management y First Republic.
La entidad anunció también que está dispuesta a rebajar su participación en China Construction Bank.
No está claro de todos modos que esas operaciones permitan a Bank of America, cuya capitalización bursátil ronda los 70.000 millones de dólares, obtener el monto requerido por los reguladores.
Los bancos estadounidenses han contraído una deuda de 332.500 millones de dólares con el Gobierno como parte del plan de rescate de 700.000 millones conocido como Programa de Alivio de Activos Depreciados (TARP) aprobado a finales del año pasado.
Algunos como J.P. Morgan y Goldman Sachs barajan la posibilidad de devolver los fondos recibidos para evitar la injerencia gubernamental, pero según adelantaron hoy altos funcionarios al Wall Street Journal los reguladores no están por la labor.
Según las citadas fuentes, el Gobierno exigirá a los receptores de fondos públicos que demuestren tener capacidad para evitar ayuda federal en el futuro, lo que podría desincentivar la devolución del dinero recibido.
Por lo demás, y a la espera de la publicación de los resultados, los críticos señalan que el interés de los reguladores en evitar declaraciones controvertidas que pueden erosionar aún más la confianza en el sector podría mermar la propia credibilidad de las pruebas de resistencia.