Juan José Parada Holguín lleva menos de un mes como presidente encargado de la Agencia Nacional Minera (ANM), pero no es ajeno a los conflictos que enfrenta el sector. De hecho, como jefe de la oficina jurídica del Ministerio de Minas, cargo que desempeñaba antes, siguió muy de cerca el desempeño de las mineras.
El presidente Juan Manuel Santos tiene en sus manos la decisión de si Parada Holguín sigue o no en su cargo, pero, hasta el momento, no ha hecho ningún pronunciamiento.
Al respecto, el encargado de la ANM se limita a decir que se ha sentido bien en su nueva silla y que espera que el Presidente decida lo que considere más conveniente. Sin embargo, habla de los proyectos que vienen para la Agencia con la seguridad de quien quiere seguir haciendo la tarea en el mismo puesto.
¿Qué se encontró al llegar a la ANM?
Encontramos la casa muy organizada, aunque con muchas falencias que tienen que ver, en su mayoría, con factores exógenos. Hay temas de inestabilidad jurídica, por eso tenemos que seguir trabajando en darle agilidad a la atención de los requerimientos mineros en materia de contratación.
¿Y en temas de fiscalización?
Ahí se dio un avance muy importante: antes no había la plata suficiente para fiscalizar. Ahora, con la reforma al Sistema General de Regalías, se le destinó un 2 por ciento de todo el presupuesto bienal. Estamos hablando de 17 billones entre el 2012 y el 2014. Con este nuevo presupuesto avanzamos a una fiscalización moderna que al día de hoy ha permitido que hayamos fiscalizado el 100 por ciento de los títulos. Ya sabemos qué tenemos y cómo debemos seguir ejerciendo el control del Estado que se requiere para sus recursos mineros.Pero estas son las primeras de cambio.
¿Y cuáles son las segundas?
El Banco Interamericano de Desarrollo nos está apoyando para llegar a un modelo estándar, de las más altas calidades, que nos permita realmente conocer dónde se está causando el peso a peso y que tenga comunicación con el tema de renta. Debemos tener afilado el lápiz para que ese government take cumpla las disposiciones legales. La fiscalización tiene que llegar a las cifras, al ingreso operacional, los costos directos y los gastos operacionales.
Y en este momento ¿qué tanto de este tipo información se les solicita a los titulares?
Estamos en las primeras de arranque en ese nuevo escenario. Hoy día, la fiscalización tiene unas variables jurídicas, económicas, técnicas, financieras, ambientales (en lo que podemos) y sociales. Tratamos de desarrollar un plan para que, a partir de esas variables, todo ese conocimiento que se está adquiriendo a través de los consorcios –que hacen la fiscalización– sea manejado directamente por la Agencia Nacional de Minería. Es información que se está recogiendo, pero queremos ir más allá.
¿Eso implica aumentar el presupuesto de la agencia?
No. Se hará con el mismo 2 por ciento.
En últimas, ¿este cambio consiste en adoptar directamente el proceso?
En lo logístico, queremos traer ese know how a la agencia. Por efectos presupuestales, en un principio se acudió a Fonade y ellos abrieron sus puertas para que los terceros prestaran la parte logística. Pero eso ya lo tenemos que traer a la ANM, que sea un gran grupo de fiscalización dentro de la entidad para que podamos tener la información más a la mano.
Hay una percepción de que al sector formal se le fiscaliza más y que incluso estos trámites se convierten en un ‘palo en la rueda’ para la minería, ¿pedir más información no puede verse como un nuevo obstáculo?
La fiscalización no puede entenderse como una traba legal; por el contrario, es una contribución que hace el Estado para que Colombia se vuelva un país con los más altos estándares mineros, desde lo jurídico y lo técnico.
Nohora Celedón
Economía y Negocios
